Personal de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) aprehendieron al delegado de la Secretaría de Transportes (ST) en San Martín Texmelucan, Fidel Ricardo Chávez Lázaro, como presunto responsable del delito de peculado y lo ingresaron al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Huejotzingo, a disposición del juez de lo penal.

Chávez Lázaro habría facilitado un vehículo oficial a un falso inspector de la SC, que fue detenido a finales del mes de octubre y quien ingresó a este mismo penal acusado por diversos delitos, entre éstos el de usurpación de funciones, además de extorsión.

Un comunicado de prensa de la PGJ indica que a dos meses y medio del inicio de la campaña Anticorrupción implementada por las autoridades estatales, han sido detenidos seis servidores públicos estatales y dos particulares —por usurpación de funciones—, con lo que suman 36 aprehendidos en lo que va de la administración, como parte de las acciones puestas en marcha para combatir y abatir malas prácticas de funcionarios, mediante el programa Ciudadano Encubierto de la Secretaría de la Contraloría (SC) que se trabaja conjuntamente con la Procuraduría General de Justicia.

El caso más reciente se presentó este viernes cuando la PGJ, con la participación de la SC, ejecutó una orden de aprehensión por el delito de peculado en contra del responsable de la Oficina Regional de Supervisión de la Secretaría de Transportes en San Martín Texmelucan.

Esta operación se realizó resultado de una investigación llevada a cabo por la Procuraduría y la Contraloría, en la cual se detectó que esta persona presuntamente facilitó un vehículo a un particular que se hacía pasar por supervisor en el municipio de Huejotzingo.

Cabe señalar que el pseudo servidor fue detenido a finales de octubre y se ejerció acción penal en su contra, como se informó en su momento.

Las autoridades estatales hacen un llamado a la ciudadanía a reportar cualquier anomalía cometida por funcionarios al 01 800 HONESTO (466 37 86), número único de denuncia que brinda atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año, o al 01 (222) 242 22 10 de la Dirección General de Delitos cometidos por Servidores Públicos, dependiente de la PGJ.