Este martes se realizó un operativo en al menos seis gasolineras ubicadas en municipios que conforman el denominado “Triángulo Rojo”, en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera, así como de la Procuraduría General de la República (PGR) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con datos oficiales, el motivo de la revisión fue porque estas unidades expendedoras “presentaron irregularidades en la comercialización y despacho de combustibles, así como diversas inconsistencias fiscales”.

En este sentido, el operativo pretendió la “suspensión de actividades” de las gasolineras, sostuvo Petróleos Mexicanos mediante un comunicado de prensa, efectuándose en municipios como Quecholac, Palmar de Bravo, Tecamachalco, Huixcolotla y Tepeaca, entre otros.

Al respecto, la paraestatal indicó que esta movilización contó con el apoyo de las autoridades del gobierno del estado para “brindar condiciones de certeza a los consumidores de combustibles comercializados por Pemex a través de sus franquiciatarios, así como combatir el mercado ilícito de gasolina, la evasión fiscal, el lavado de dinero y el fraude comercial”.

La Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión Nacional de Seguridad a través de la Policía Federal, y la Policía Estatal brindaron el apoyo necesario para garantizar la seguridad del personal en todo momento, con pleno respecto a los derechos humanos”, se especificó.

Cabe señalar que al menos dos de estas gasolineras revisadas pertenecen al presidente municipal de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde, en las inmediaciones de la vía que conecta Cuacnopalan-Tecamachalco.

Este operativo es resultado de la colaboración interinstitucional y se suma al realizado en febrero pasado en distintas entidades del país. El gobierno de la República seguirá trabajando para abatir la comercialización ilícita de productos petrolíferos que afecta sensiblemente a la comunidad y a las finanzas nacionales”, se indicó.

Entre tanto, no se ha difundido información complementaria, aunque el Grupo de Coordinación Puebla Segura confirmó la revisión y argumentó que la Secretaría de Seguridad Pública brindó el apoyo necesario a las instancias federales.