Tuvieron que pasar cuatro años para que la Comisión de Derechos Humanos (CDH) comprobara actos de tortura por parte de policías ministeriales a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE), que derivaron en daños psicológicos.
De esta manera, el organismo emitió una recomendación a la dependencia a cargo del fiscal Gilberto Higuera Bernal.
De esta manera concluyó el expediente 2624/2020 en el que se comprobó que dos personas fueron golpeadas y torturadas por agentes policíacos al interior del penal de Tehuacán.
La CDH informó en la recomendación que ambas personas fueron detenidas y amenazadas de muerte, al ser acusadas de de secuestro agravado el 23 de junio de 2020 en el municipio de Tehuacán.
Los policías ministeriales ingresaron a la vivienda de la pareja, localizada en la colonia San Isidro de la junta auxiliar San Marcos Necoxtla de dicho municipio, según las indagatorias.
Fueron dos comandantes y cinco agentes investigadores de la entonces Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (Fisdai) quienes entraron al domicilio, donde retuvieron a la pareja para golpearlos y torturarlos con bolsas de plástico en la cabeza, así como toallas mojadas sobre la cara.
La finalidad de la tortura era confesaran el supuesto rapto de otra persona, pero ninguno de los dos lo hizo, por lo que los agentes amenazaron con agredir sexualmente a su hijo con un palo de escoba, para luego matarlo y desaparecerlo.
Además, las amenazas de matarla a ella y a su esposo fueron constates si no confesaban el supuesto ilícito, o les advertían de una sentencia de 50 a 60 años en prisión.
Sin embargo, la FISDAI sostuvo que la detención y retención de la pareja fue legal, por lo que el juez de control dictó prisión preventiva oficiosa el 28 de junio del 2020 en el penal de Tehuacán, y el 30 de junio los vincularon a proceso.
Las víctimas lograron el cambio de medida a arraigo domiciliario desde el 28 de junio del 2024, dando como resultado una estadía de cuatro años en prisión.
Una de las víctimas tuvo daños psicológicos tras ser golpeada y torturada por agentes de la Fisdai, así como por la privación de su libertad en el penal de Tehuacán, refiere la recomendación de la CDH.
Presentó pérdida del apetito que la hizo pasar de 70 a 58 kilos de peso durante su internamiento en prisión, además de que tuvo trastornos alimenticios que la hacían comer ansiosamente en las noches.
Además, tuvo una puntuación de 34 sobre 63 en la escala de gravedad del trastorno de estrés postraumático y desarrolló ansiedad y angustia por el distanciamiento con su hijo.
De esta manera, la CDH recomendó a la Fiscalía la investigación en contra de los siete agentes de la Fisdai por los actos de tortura y sus consecuencias acreditadas, pues el órgano de control interno desistió de hacerlo.
Se pidió a la pareja la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición por los actos de tortura a los que fueron sometidos.
Además, solicitan que indaguen si los servidores públicos del Ministerio Público que se encargó del caso, no incurrieron en actos de abuso de autoridad.
En su recomendación, la Comisión pidió a la Fiscalía indagar el actuar de su personal y repara el daño.