De marzo a mayo de este año, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado implementó 85 dispositivos del Operativo Roma, con un resultado contundente: 704 motocicletas fueron retiradas de la circulación tras ser inspeccionadas durante los filtros de revisión colocados en distintos puntos del estado.
Los datos oficiales indican que, durante estos operativos, se inspeccionaron a 882 personas, por lo que el porcentaje de motos aseguradas en relación con los conductores revisados supera el 79 por ciento, una cifra que refleja irregularidades graves entre los motociclistas detenidos para revisión.
Aunque no se ha detallado cuántas de estas unidades fueron retiradas por falta de documentación, reporte de robo o alteraciones en sus características, el número elevado de decomisos ha generado inquietud entre colectivos de motociclistas y ciudadanos que utilizan este medio de transporte para trabajar o trasladarse a diario.
El Operativo Roma, de carácter itinerante, tiene como objetivo prevenir hechos delictivos y garantizar que las motocicletas que circulan en la vía pública cuenten con la documentación y condiciones legales requeridas.
En cada punto de revisión, participan elementos de la Policía Estatal, además de personal de tránsito y, en ocasiones, fuerzas federales como la Guardia Nacional.
Sin embargo, los resultados también han alimentado el debate en torno al enfoque de estas acciones, ya que motociclistas organizados han manifestado su preocupación por lo que consideran “revisión arbitraria” y “criminalización del sector”.
En días recientes, incluso se han realizado movilizaciones para rechazar otras medidas como la llamada Ley Chaleco, que obligaría a los conductores a portar chalecos con la matrícula visible.
La Secretaría de Seguridad Pública no ha informado si los operativos continuarán con la misma intensidad en los próximos meses, pero sí ha reiterado su compromiso con mantener estrategias de prevención para inhibir delitos cometidos con este tipo de vehículos, como robos y asaltos.
Mientras tanto, organizaciones ciudadanas exigen mayor transparencia en los criterios de aseguramiento, claridad en el destino de las motos retiradas y la garantía de que no se están violando los derechos de quienes cumplen con la ley.
