La Corte Constitucional italiana derogó hoy parcialmente la llamada "ley del legítimo impedimento", que daba inmunidad al primer ministro, Silvio Berlusconi.

En un comunicado, los 15 jueces de ese tribunal informaron, tras una reunión de más de cinco horas, que decidieron declarar inconstitucionales varios de los artículos de la normativa en cuestión.

Establecieron que es incontitucional el artículo 1, coma 4 de la citada ley, que prevé la posibilidad para el primer ministro (y los miembros de su gabinete) de avalarse del legítimo impedimento por periodos de hasta seis meses y congelar los juicios en su contra.

Asimismo, declararon inconstitucional el artículo 1, coma 3, que impedía a un juez decidir sobre la existencia del "legítimo impedimento" para participar en la audiencia de un juicio.

De esa manera la Corte Constitucional restituyó el poder a la figura del magistrado, quien podrá evaluar caso por caso para establecer si el legítimo impedimento existe o no.

La normativa obligaba al juez a posponer la audiencia de un eventual proceso, si el Ejecutivo certificaba que debido a sus compromisos institucionales el premier se veía "legítimamente impedido" a participar.

En particular, el tribunal consideró que la ley violaba los artículos 3 y 138 de la Carta Magna que se refieren, respectivamente, a la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y a la necesidad de que una normativa en la materia tenga carácter constitucional.

La ley del "legítimo impedimento", con validez de 18 meses, había sido aprobada en abril pasado por el Parlamento italiano, controlado por el partido oficial, luego de que en octubre de 2009 la Corte Constitucional derogó el llamado "laudo Alfano", otra normativa que daba inmunidad a Berlusconi.

El premier enfrenta tres juicios por corrupción y fraude fiscal y aunque tras la decisión del tribunal constitucional podrán recomenzar, medios italianos subrayaron que deberán hacerlo desde cero, por lo que los delitos de los que es acusado Berlusconi podrían prescribir.

El juicio más importante es el que ve al primer ministro acusado de haber pagado 600 mil dólares al abogado inglés David Mills, en recompensa por no haber declarado en su contra en dos procesos precedentes en los que compareció como testigo.

Pero el delito de corruptor imputado a Il Cavaliere prescribirá dentro de un año, pese a que el Tribunal Supremo ya estableció que Mills fue efectivamente corrompido.

El segundo juicio es el que ve a Berlusconi acusado de fraude fiscal en la compra venta de derechos televisivos de Mediaset, la televisora de su propiedad y también está a punto de prescribir.

El tercer proceso contra el primer ministro es el llamado "Mediatre", que es un derivación del de Mediaset y en el que Berlusconi es acusado de apropiación indebida y fraude fiscal en la compraventa de derechos televisivos para crear fondos ilegales.