El Consejo de Ministros de Italia aprobó hoy un plan de ajuste por 47 mil millones de euros (66 mil millones de dólares), que ahora deberá pasar al Parlamento para recibir el visto bueno, confirmó el jefe de gobierno Silvio Berlusconi.
“La maniobra (de ajuste) fue preparada y construida con todos los ministros”, declaró el primer ministro en rueda de prensa, en la que agradeció al titular de Economía, Giulio Tremonti, por “su paciencia”.
Dijo que la paridad en las cuentas públicas debe ser “el objetivo común de todas las fuerzas responsables” y que el plan contempla para este año solo “una leve intervención” para reducir el déficit público, que en 2010 llegó a 4.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Berlusconi insistió en que el plan de austeridad “no tiene como objetivo mantener en vida al gobierno legítimamente electo y durará hasta el final de la Legislatura (en 2013)”.
Por su parte, Tremonti declaró que la paridad presupuestal es “un objetivo político y ético del país” y aseguró que el proyecto es “equilibrado”.
El plan de ajuste, que pasará al Parlamento para su examen en la última semana de julio próximo, se aplicará a partir de este año y hasta 2014.
Contempla recortes por mil 800 millones de euros (unos dos mil 600 millones de dólares) en 2011, por cinco mil 500 millones (casi ocho mil millones de dólares) en 2012 y por 20 mil millones (unos 29 mil millones de dólares) en 2013 y 2014, cuando el actual gobierno ya no estará en funciones.
El objetivo es alcanzar un déficit público cero en 2014 y reducir la enorme deuda pública italiana, superior al 120 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), además de impulsar a la estancada economía, que este año solo crecerá 0.9 por ciento.
El plan prevé recortes a la educación y a la sanidad, así como el congelamiento de salarios de empleados públicos, entre otras medidas.
También incluye un impuesto del 0.15 por ciento sobre las transacciones financieras y otro del 36 por ciento sobre el “trading” de los bancos.
Los sindicatos y la oposición criticaron el “costo social” que tendrá el ajuste y el hecho de que su mayor peso haya sido dejado como herencia al próximo gobierno.