El senador republicano John Cornyn pidió extender la investigación del Congreso para determinar si operaciones similares a “Rápido y Furioso” fueron conducidas desde Texas, reportó hoy la prensa estadunidense.

Cornyn busca además determinar si la existencia de ese programa en su estado, Texas, facilitó el contrabando del arma utilizada en el asesinato de un agente de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) en México ocurrido en febrero pasado.

En cartas dirigidas al senador Charles Grassley, republicano por Iowa, y el representante Darrell Issa, republicano por California, Cornyn citó como base de su petición la renuencia del Departamento de Justicia a responder preguntas al respecto.

“Aunque la falta de respuesta no es evidencia de una conducta indebida, la renuencia del Departamento a responder a alegatos de programas adicionales en mi estado presenta serios interrogantes”, indicó Cornyn.

En su carta a sus colegas legisladores, Cornyn dijo que frente a este silencio, “los texanos merecen una completa rendición de cuentas sobre el papel del Departamento en este tema”.

Issa, presidente del Comité de Vigilancia de la Cámara de Representantes, conduce una investigación para determinar responsabilidades sobre el programa “Rápido y Furioso”, que permitió el ingreso ilegal a México de más de dos mil armas de fuego desde Arizona.

Días atrás el Comité extendió un citatorio al procurador general Eric Holder y altos funcionarios del Departamento de Justicia para que entreguen documentos sobre su papel y conocimiento de la operación.

Cornyn refirió alegatos de que la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) ordenó a empleados de una armería en Houston facilitar la venta a compradores sospechosos de trabajar para criminales mexicanos.

En diciembre de 2010 el Departamento de Justicia convocó un Gran Jurado Federal en Houston para determinar si se podían radicar cargos contra los empleados de la armería por conducir esas ventas. La causa fue abandonada después de que abogados del negocio revelaron que dichas ventas fueron conducidas por petición de la ATF.

Cornyn dijo temer que la ATF haya presionado a otros vendedores de armas autorizados en Texas a conducir actividades ilegales, y que muchas de estas armas hayan terminado en manos de cárteles mexicanos de la droga.

“Por ello respetuosamente solicito que investigue si un programa para dejar pasar armas desde Texas pudo haber sido responsable de la muerte del agente del ICE Jaime Zapata”, apuntó en sus misivas.

El legislador recordó que una de las armas utilizadas en ese crimen a manos de narcotraficantes fue comprada por un residente de Texas de nombre Otilio Osorio y después introducida a México de manera ilegal a través de Laredo.

Evidencia revelada por Grassley mostró que la ATF estaba al tanto de las actividades de Osorio para traficar armas mucho antes de la fecha del crimen ocurrido en el norteño estado mexicano de San Luis Potosí.