La comunidad internacional no deja de preguntarse cómo impedir que el presidente sirio, Bachar el Asad, siga matando a civiles. Estudia cómo sortear el veto de Rusia y China a una resolución, sometida el sábado al Consejo de Seguridad de la ONU, que apretaba las tuercas al régimen sirio.
La países concernidos por la crisis siria son un hervidero en el que, a veces abiertamente y otras con discreción, se debate sobre qué hacer para parar una guerra civil larvada que se ha cobrado en Siria ya más de 6.000 muertos.
Ansiada por el grueso de la oposición siria, agrupada en el Consejo Nacional Sirio, y acariciada por Occidente, la iniciativa que se baraja con más insistencia consiste en intentar soslayar al Consejo de Seguridad recurriendo a la Asamblea General, señalan varias fuentes diplomáticas europeas.
Compuesto por 15 miembros —cinco de los cuales tienen derecho de veto— el Consejo es el máximo órgano de la ONU. Sus resoluciones son de obligado cumplimiento. En la Asamblea están, en cambio, todos los países miembros (193) y pueden votar. Sus resoluciones no son constrictivas.
La discusión transcurre entre bambalinas, pero a veces aflora. Kevin Rudd, ministro de Asuntos Exteriores australiano, expresó hoy su apoyo, ante el Parlamento, a una resolución de la Asamblea “fundamental para demostrar la condena por la comunidad internacional de las matanzas de las que se es testigo en Siria”.
La resolución iría, sin embargo, más allá de la mera condena. Abriría la vía a la adopción de medidas que pongan freno a la represión y alivien a la población civil que la padece. “Daría un respaldo más moral que jurídico para actuar contra el dictador”, señala Salam Kawakibi, director de investigación de la Iniciativa de Reforma Árabe.
Las medidas podrían consistir en el envío de ayuda humanitaria a la población, hasta ataques puntuales contra unidades de elite del Ejército, pasando por la creación de una franja de seguridad —probablemente a lo largo de la frontera turca— donde los civiles puedan ponerse a salvo.
