Jefes de Estado y de gobierno de los 193 países miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobaron hoy la Declaración de Río+20, al término de la Cumbre encaminada a buscar salidas urgentes al cambio climático.

El documento, que causó controversia y fue rechazado por la Cumbre de los Pueblos, un evento alterno de la sociedad civil, reafirma los compromisos ya adquiridos para eliminar los dañinos e ineficientes subsidios a los combustibles fósiles como el carbón, petróleo y gas.

No se precisa, sin embargo, qué mecanismo y cómo se van a eliminar esos combustibles y se recomienda racionalizar el uso de los subsidios que distorsionan los mercados.

Del total de las 49 páginas y 283 párrafos del documento, sólo tres tratan el cambio climático e indica que este representa una urgente e inmediata prioridad global.

El documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Río+20, se aprobó sin enmiendas por parte de los Jefes de Estado y de Gobierno y fue oficialmente adoptada por 193 países.

El documento contiene compromisos para el fortalecimiento del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la creación de un foro de política de alto nivel y el desarrollo internacional sostenible, con erradicación de la pobreza, entre otros.

Bolivia y Ecuador objetaron algunos puntos del documento, como la reducción de los subsidios a los combustibles fósiles y rechazaron alguna supervisión externa de sus políticas energéticas internas.

El presidente Evo Morales, Bolivia, rechazó el concepto de economía verde y consideró que esa es una expresión de mercantilización de la naturaleza.

La Santa Sede, en representación de la Iglesia católica y el Vaticano, mantuvieron reservas sobre la mención de métodos de planificación familiar e hizo hincapié en la familia como esencial para el desarrollo.

La Unión Europea y Perú consideraron que ellos querían un documento más ambicioso, pero el texto considera, según funcionarios de la ONU, es un gran avance.

Quedó la preocupación por la brecha que hay entre las promesas hechas para reducir sus emisiones de gases invernadero en el año 2020 (acuerdos de Copenhague, Cancún y Durban) y el camino para “mantener el incremento medio de temperaturas por debajo de los 2.0 grados o 1.5 grados por encima de los niveles preindustriales.

Los gobiernos expresaron una “profunda preocupación” por los impactos adversos del calentamiento que incluyen sequías y eventos climático extremo, subidas del nivel del mar, erosión costera y acidificación del mar.

Se reconoce en el documento la severidad de la pérdida global de la biodiversidad y la degradación de los ecosistemas al tiempo que se reafirmó el objetivo de lograr para el 2020 un manejo cuidadoso de los productos químicos.

Un punto del que discreparon los organismos no gubernamentales es que en el documento se incluye una cerrada defensa de la minería, como instrumento para reducir la pobreza.

En materia de agua y saneamiento se reafirmaron los compromisos de Johannesburgo (Plan de Aplicación de la Declaración del Milenio) para reducir a la mitad la proporción de personas sin acceso al agua potable segura y acceso a los sistemas de saneamiento en el 2015.

En el campo de la energía, la Cumbre Río+20 se comprometió a facilitar el acceso a la energía a mil 400 millones de personas que carecen de ella y se expresó la preocupación por la contaminación marina, ocasionados por los contaminantes orgánicos.

En cuanto a la pobreza se expresó que los Estados están profundamente preocupados ante el hecho de que una de cada cinco personas, o aproximadamente unos mil millones de personas vivan en extrema pobreza.

Se lamenta además que uno de cada siete (14 por ciento) está “infra-alimentada”, en tanto persisten graves amenazas como epidemias y pandemias.

El documento de Río+20 es apenas la ruta del comienzo de una serie de compromisos que deberán cumplir los gobiernos entre ellos la erradicación de la pobreza, y hacer sostenible el desarrollo para las futuras generaciones.