Los recién licenciados, tras meses de infructuosa búsqueda de trabajo en su campo de especialidad, se ven obligados a tener que aceptar el primer empleo que encuentran en restaurantes, tiendas o lo que sale al paso. Intentan, entre otras cosas, hacer frente a los costosos préstamos que han de devolver a los bancos que han financiado sus estudios, muchas veces por valor de más de 100.000 dólares.

“Doblar camisas en Macy’s es el destino para muchos”, asegura el abogado J.R Parker, representante de varios afectados en California. Cómo van a lograr devolver los préstamos con sueldos de hasta menos de 10 dólares a la hora es la pregunta que ronda en la cabeza de muchos.

La situación se ha hecho tan insostenible que estudiantes de más de veinte universidades de Estados Unidos han emprendido una acción judicial conjunta contra sus facultades. Entienden, en palabras del equipo de abogados Strauss y Anziska que lleva el caso, que “las escuelas han violado las leyes de protección del consumidor de los estados en los que operan, ofreciendo datos engañosas sobre los porcentajes de estudiantes que encontraron trabajo tras graduarse. Los demandantes alegan que sus centros conocían que esas cifras no eran reales, pero las mantuvieron para atraer a más estudiantes. De haber conocido la realidad, muchos aspirantes no se habrían matriculado”.
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Si prosperan las demandas se podría crear un precedente, no solo para California, sino para el resto de los estados. Strauss y Anziska explican que “ el propósito es no solo compensar a los demandantes, sino también cambiar la manera en que las facultades de derecho operan, para que nadie sienta que le han engañado y han frustrado sus expectativas de encontrar un trabajo acorde con sus estudios”.

Las estadísticas de empleabilidad que manejan las universidades están basadas en los criterios de la American Bar Association (ABA), la asociación americana de abogados. Si bien es cierto que esos criterios se han modificado recientemente, tras la demanda presentada por las universidades. El cambio significa que las cifras de empleabilidad son ahora menos atractivas que tiempo atrás.

Michael C. Sullivan, un abogado que representa a las facultades, manifiesta que “las universidades publican los mismos datos que son requeridos por la ABA, aunque debido a que las pautas de actuación han cambiado, ahora los centros deben desglosar el numero de licenciados que han conseguido trabajo en su campo de especialización”.

La escasez de empleos se esta traduciendo también en la reducción de estudiantes en las facultades de derecho. Algunos expertos creen que las universidades que ocupan las últimas posiciones dentro del ranking de las mejores facultades de derecho corren el riesgo de desaparecer y que, incluso las mejores, se van a ver obligadas a reducir el numero de alumnos por clase.

La polémica está servida y no ha hecho más que empezar. Ahora habrá que esperar a ver que dictaminan los tribunales.