Un jurado en Dakota del Norte ha dictaminado que Greenpeace debe indemnizar con más de 660 millones de dólares a la empresa Energy Transfer. La decisión se basa en acusaciones de difamación, allanamiento y conspiración civil relacionadas con las protestas contra el oleoducto Dakota Access en 2016 y 2017.
Energy Transfer, con sede en Dallas, Texas, argumentó que Greenpeace instigó las manifestaciones que retrasaron la construcción del oleoducto y aumentaron sus costos. La compañía acusó a la organización ecologista de financiar y entrenar a manifestantes que llevaron a cabo actos de vandalismo y otras actividades ilegales.
Por su parte, Greenpeace ha negado estas acusaciones, afirmando que su apoyo a las protestas fue pacífico y en defensa de los derechos ambientales y de las comunidades afectadas. La organización ha anunciado su intención de apelar el fallo, calificándolo como un intento de silenciar la libertad de expresión y la protesta pacífica.
Las protestas contra el oleoducto Dakota Access se centraron en preocupaciones de la tribu sioux de Standing Rock y otros grupos, quienes argumentaron que el proyecto amenazaba tierras sagradas y fuentes de agua potable. Miles de personas participaron en las manifestaciones, que ganaron atención internacional y generaron un debate sobre los derechos indígenas y la protección ambiental.
Este fallo ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos civiles y ambientales, que lo ven como un precedente peligroso para la libertad de expresión y el derecho a la protesta en Estados Unidos. Greenpeace ha señalado que continuará su lucha legal y que no se dejará intimidar por este tipo de demandas.
