El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reconoció haber deportado "por error" a Kilmer Armando Abrego-García, un ciudadano salvadoreño que contaba con una solicitud de asilo aprobada y cuya expulsión se dio en medio de una controversial operación masiva que afectó a más de 200 venezolanos y decenas de salvadoreños el pasado 15 de marzo.
Abrego-García fue enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador, pese a que un juez había suspendido su deportación en 2019 tras concederle protección. Su defensa interpuso una demanda contra altos funcionarios, incluidos los secretarios de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y de Estado, Marco Rubio, así como la fiscal general Pam Bondi.
El Gobierno argumentó que, al ya no estar bajo custodia estadounidense, no puede obligarse su regreso. Sin embargo, un funcionario de ICE admitió ante un tribunal que la deportación fue un "error", aunque justificó la medida por una "orden final de deportación" y su presunta vinculación con la MS-13 —acusación que su defensa niega, señalando que nunca se presentaron pruebas.
Antecedentes del caso
- 2019: Un informante lo relacionó con la MS-13, pero un juez frenó su deportación al concederle asilo.
-12 de marzo 2024: ICE lo detuvo y trasladó a un centro en Texas.
- 15 de marzo: Fue deportado bajo la Ley de Enemigos Extranjeros (1798), usada por el Gobierno para expulsiones aceleradas.
Fuentes extraoficiales indican que Abrego-García acreditó legalmente su estancia en EE.UU. al demostrar que su vida corría peligro en El Salvador. Mientras, el caso judicial avanza, con el Gobierno apelando al Tribunal Supremo para mantener su política de deportaciones.
