La Administración de Donald Trump ha incorporado a más de 6,000 migrantes —en su mayoría de origen latinoamericano— a la base de datos de personas fallecidas en Estados Unidos, eliminando así su acceso a empleos legales y beneficios sociales, según reveló The Washington Post. La medida fue ordenada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, con el objetivo de presionar a personas indocumentadas a abandonar el país voluntariamente.
La política se sustenta en dos memorandos internos firmados el lunes, que autorizan a la Administración del Seguro Social a registrar como fallecidos a migrantes que perdieron su estatus legal o cuyas visas temporales, emitidas durante el gobierno de Joe Biden, han expirado bajo el actual mandato.
“El presidente Donald Trump prometió deportaciones masivas y, al eliminar el incentivo monetario para que los inmigrantes indocumentados vengan y se queden, los animaremos a autodeportarse”, declaró Elizabeth Huston, portavoz de la Casa Blanca.
El gobierno también planea añadir a este listado a unas 92,000 personas con condenas penales, algunas de ellas incluidas en la lista de vigilancia terrorista del FBI, según el mismo diario.
Funcionarios del Seguro Social han cuestionado la legalidad de esta práctica, al advertir que colocar en el archivo de defunciones a personas vivas viola las leyes de privacidad vigentes.
Esta medida se suma a otras acciones migratorias del expresidente republicano, como la revocación de permisos emitidos por la Administración Biden, el desarrollo de una app para solicitar deportaciones y el traslado de presuntos miembros de organizaciones criminales a cárceles de máxima seguridad en El Salvador.
