El Instituto Federal Electoral (IFE) tiene las atribuciones necesarias para investigar la presunta compra de votos que se dio durante el pasado proceso electoral, consideró el académico Javier Santiago Castillo.

El responsable del Centro de Estudios de la Democracia y Elección, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), detalló que esa práctica implica violentar el derecho al ejercicio del libre sufragio.

También viola la primera obligación que por ley tienen los partidos políticos: “conducirse apegados a la legalidad y respetar los derechos de los otros partidos y de los ciudadanos, entonces los partidos están obligados a respetar los derechos de los ciudadanos a votar libremente”.

El especialista dijo que el IFE tiene la facultad de sancionar este hecho como falta administrativa, con una multa, y para ello tiene dos vías: hacerlo por oficio, al tener conocimiento de una presunta violación o mediante la queja que inicia un partido aportando elementos de prueba.

En entrevista con Notimex, consideró que los consejeros del IFE realizaron una interpretación restrictiva de este hecho “porque la compra de voto no está establecida expresamente como una falta que puedan cometer los partidos políticos”.

Sin embargo, Santiago Castillo resaltó que se debe realizar una interpretación sistemática, porque “los partidos tienen la obligación de respetar los derechos de los ciudadanos y el ejercicio libre del voto es un derecho fundamental en los procesos electorales”.

En ese sentido, subrayó, los consejeros realizaron una interpretación gramatical de esta disposición, “pero si hacemos una interpretación sistemática es claro que el IFE tiene amplias facultades para investigar y en su caso sancionar a quienes cometan infracciones del código electoral”.

Entre los escenarios a futuro, planteó que los consejeros electorales se mantengan en la posición de que no pueden investigar como falta administrativa la compra del voto o que lo reflexionen sistemáticamente “y lleguen a la conclusión de que se precipitaron al dar una opinión de esta naturaleza”, señaló.

Además, manifestó la posibilidad de que un partido político interponga una queja y solicite una investigación, a lo cual está obligado el IFE, y resolver en el sentido que determine ya sea de sancionar o absolver.

Refirió que en la hipótesis de que se demuestre que hubo compra de votos, dependiendo de la magnitud de que ésta haya sido, el IFE establecerá una multa a los responsables, ya que “es lo más que puede hacer el IFE”.

En el caso de que se investigue en tiempo, el resultado podría ser turnado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como elemento de prueba y éste valorará si dicha compra de votos es suficiente o no para cambiar el sentido de la votación.

Sin embargo, reconoció que probar la compra de millones de votos es un asunto muy completo, ya que se tendría que comprobar la compra de cada sufragio.

Esta complejidad no implica que no se deba investigar, “la autoridad está obligada a investigar y lo que encuentre sancionarlo, o absolver si no encuentra elementos”.