El Ayuntamiento de Puebla tendrá facultades para regular la operación de todas las casas de empeño de la capital con el fin de hacerlos lugares seguros y verificar que no se vendan productos que con anterioridad fueron robados.
Para ello, en sesión ordinaria de cabildo se aprobó por unanimidad los nuevos lineamientos que tendrán que tener las casas de empeño que existen en la capital o que deseen abrir, para garantizar la seguridad de las prendas y tener un control más riguroso de las personas que los empeñan.
Al respecto, Jaime Zurita García, presidente de la Comisión de Gobernación del cabildo poblano señaló que para la seguridad de quienes acudan a empeñar sus artículos, así como para evitar se puedan comprar o expedir productos robados, las casas de empeño deberán de contar con vídeo cámaras.
Además, explicó que estas deberán contar con un contrato de adhesión ante la Profeco para impedir abusos en contra de las personas que empeñan por necesidad sus pertenencias personales.
Zurita García recalcó que dentro del esquema de regulación, los dueños de las casas de empeño tendrán que exigir a las personas que acuden a empeñar la credencial del IFE y un comprobando de domicilio, y principalmente tener un seguro que cubra cualquier desperfecto o extravíos de las prendas.
A decir del regidor, dichos requisitos evitarán que los delincuentes que suelen acudir a las casas de empeño a dejar los artículos, poco después de haber cometido el atraco, lo puedan hacer.
De igual manera, Zurita García informó que se solicitará a las empresas un control de las personas que acuden a empeñar, ello para saber la procedencia de las cosas y no sean producto de un hecho delictivo.
Por lo anterior, todas las empresas tendrán un periodo para cubrir con lo establecido, después de su publicación en el periódico oficial del estado de lo contrario serán sancionadas, clausuradas o en su caso no se permitirá su apertura cuando se trate de una nueva sucursal.
Al final, el integrante del cabildo poblano, dio a conocer que habrá sanciones desde 250 hasta 800 días de salario mínimo a las empresas que no cumplan con dichos requisitos y en caso de reincidir se cancelará la licencia o la clausura definitiva.
