Integrantes de la asociación civil Ixtliyollotl, acusaron directamente a los directores del organismo —Juan Manuel Balmaceda Muguiro y María Magdalena Lorando Tavizón— por un desvío de recursos que ascienden a más de 5 millones de pesos. El dinero provenía de los proyectos sociales y de las colegiaturas cobradas por la organización por la prestación de servicios educativos.

El grupo de asociados que actualmente componen la organización en San Andrés Cholula, exponen que Balmaceda Muguiro y Lorando Tavizón utilizaron el dinero para la construcción de un auto-hotel en el 2002, que se encuentra ubicado en la calle Veracruz 10-B de la colonia Independencia, llamado La Hacienda y en la edificación de su residencia.

Cabe mencionar que Juan Manuel Balmaceda Muguiro y Magdalena Lorandi Tavizon, fueron parte del grupo de socios fundadores de la asociación civil Centro Educativo Ixtliyollotl, desempeñándose como director general y subdirectora del Consejo Directivo, respectivamente. Ellos fueron los que se impusieron al frente de la asociación, con el argumento de que eran los únicos que podían dirigirla.

“Escudados en un espíritu filantrópico y de solidaridad social, han desviado millonarias sumas para el incremento de su patrimonio personal, incluso en la apertura de su auto hotel, cuyo giro negro contraviene a la filosofía y objeto social de la organización que han representado.

”Quienes en un principios fueron promotores de los derechos humanos, de la equidad de género y de los valores civiles, se convirtieron en verdugos y explotadores de todos los colaboradores del Ixtliyollotl, desde sus inicios en 1985 cometieron actos de acoso con mujeres colaboradoras del Centro.

”Incluso en el 2008, en su propio centro de trabajo, fallecido una mujer por un accidente laboral y simplemente la entregó a sus familiares sin cumplir con sus obligaciones patronales e indiferentes a la filosofía que tanto pregonan”, manifestaron en un comunicado.

El desvío de recursos

Durante el tiempo que se creó la organización civil, los representantes no realizaron asambleas generales para informar a los socios sobre la rendición de cuentas; además obligaban a firmar las actas “disfrazadas” a los asociados bajo amenazas e imposiciones laborales.

“Abiertamente manifestaban que todo el patrimonio de la organización era de ellos por ser los fundadores, olvidándose que dicho patrimonio fue constituido por recursos de donantes, de fundaciones y de colegiaturas escolares, mismos que tendrían que ser destinados para un fin social y no para su beneficio personal.”

Los denunciantes refirieron que estos personajes lograron “disfrazar” el desvío de recursos bajo la planeación de dos granjas escuelas, una en la comunidad de alta marginación ubicado en el municipio de Zihuateutla, y la otra en la comunidad de San Antonio Cacalotepec, del municipio de San Andrés, obras rústicas y con pésimos acabados donde el director pudo justificar 4 millones de pesos; además vendieron la idea a los asociados de iniciar la construcción de un centro de entrenamiento empresarial para jóvenes indígenas, justificando así la compra de materiales de construcción, mobiliaria y mano de obra.

Los asociados inconformes refirieron que en el 2010 —posterior a la destitución de ambos personajes— se realizó una auditoría de la administración del año 2009, en donde salieron a la luz diversas anomalías como el desvío de más de 800 mil pesos que Juan Manuel Balmaceda y Magdalena Lorandi sustrajeron de la institución, sin que se comprobara el destino de estos recursos, motivo por el cual la Secretaría de Hacienda reclama actualmente el impuesto generado por estos recursos sin comprobar.

Asimismo, evidenciaron que a través de las influencias en la política y de sobornar a autoridades, lograron hacer nula la asamblea; no obstante, los actuales representantes de la asociación trabajan para realizar otra asamblea y poder deslindar responsabilidades por el daño moral cometido a la organización y dejarlos sujetos a una investigación fiscal o penal.

Por último, expresaron su indignación ante los actos de desacreditación que emprendieron el exdirector y exsubdirectora de la asociación, pues señalan que los “boletinaron” con alumnos, padres de familia, donantes y en las fundaciones que daban apoyos, con el fin de terminar con la vida de la organización y truncar los programas de desarrollo y educación que se llevaban en las comunidades indígenas.

“Los perjuicios provocados por los señores Balmaceda y Lorandi al Ixtliyollotl, no son recientes o como resultado de sus acciones emprendidas en venganza a su revocación, sino que vienen de años anteriores al dejar deudas fiscales de gran cuantía para la organización, como sucede con los requerimientos que existen por parte de la Secretaría de Finanzas por la omisión del pago del impuesto sobre nóminas y de la Secretaría de Hacienda por la omisión en el pago de contribuciones derivadas de retenciones de ISR, así como de la omisión del pago del impuesto predial.

”Todo ello conduce a pensar que se orquestaba un plan para la disolución de la organización y remate, para beneficio propio de las instalaciones del centro construidas con el aporte de tanta gente”, concluyeron.