Madres de familia y personas de la tercera edad son condicionados por las vocales de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del programa Oportunidades para recibir su apoyo económico cada dos meses, bajo la amenaza de que les descontarán 50 por ciento del recurso que reciben si no acuden a los eventos de las autoridades locales y del estado, o peor aún, si no coinciden con las ideas del actual gobierno panista, son eliminados de la lista de beneficiados.
Antonia López, madre soltera que vende memelas en el centro de San Andrés Cholula para sacar adelante a sus dos hijos, reclama el porqué las actuales autoridades del gobierno cambiaron las reglas de operación.
Explicó que las vocales de Sedesol son quienes finalmente las que citan, pasan lista y hasta regañan a los beneficiarios si hablan mal de las “actuales reglas” o si no asisten a los eventos de las nuevas autoridades panistas.
Por otro lado, Josefina García expuso que otra de las condiciones que se les ha impuesto por parte de las vocales de Sedesol, quienes responden a los nombres de Oliva Pérez y Paula Arias, es haberlas puesto a lavar los baños de la presidencia del ayuntamiento de Santa Isabel Cholula, así como lavar las sábanas y arreglar las áreas verdes del centro de salud, entre otras labores, de lo contrario aplica la misma sanción.
“Ese día estuve enferma de gripa pero acudí con las vocales, pues son ellas las que nos pasan lista para reportar si cumplimos con las labores de limpieza y podamos recibir la ayuda. Les mostré con receta en mano que estaba enferma y me pusieron falta. En esa ocasión recibí sólo la mitad (400 pesos) porque no fui a lavar los baños”, mencionó.
La cooperación
Josefina García indicó que a cada reunión que las vocales llegan a citar a las más de 370 titulares, cada beneficiaria debe entregar una “cooperación” de 10 pesos, bajo el argumento de que son para los “pasajes”, para las copias, lápices (…); además de otros 10 pesos por el servicio de perifoneo en las calles.
Cabe precisar que estas “aportaciones” son por cada reunión y por cada servicio de perifoneo para dar algún aviso a las beneficiadas con el programa Oportunidades, lo que suma 7 mil 400 pesos. Es decir, que si hubo la necesidad de citar a las titulares más de cuatro veces en un tiempo de dos meses, la cantidad se cuadriplica.
“No sabemos qué hacen con el dinero, no es posible que se gasten tanto en los pasajes o en sacar copias. Cuando hemos ido a solicitar algún documento para llevarlo al centro de salud o porque tenemos que acudir a la escuela de nuestros hijos, se hacen ‘las occisas. Argumentan que el personal de Oportunidades no les dejó copia alguna, así que tenemos que ir hasta Atlixco para que nos den la papelería que llegamos a requerir.”
Agregó que durante el 2010, cuando eligieron a las que serían las vocales, aún no aplicaban estas condiciones. Fue hasta inicios del 2011 cuando se presentaron estos “cambios”.
“Desde que inició esta administración estatal los promotores nos dijeron que las reglas de operación ya habían cambiado, que todo cambia y que si queríamos recibir el dinero teníamos que obedecer; que esto lo hacía el gobierno para presionar a la gente y que entre más personas se fueran mejor.”
La indignación y el miedo
Refirió que desde hace cinco años que recibe el apoyo económico lo único que tenía que cumplir o acatar por parte del programa era acudir al centro de salud para las pláticas preventivas, así como procurar que sus hijos mantuvieran un buen promedio, entre otros requisitos, los cuales no incluye lavar baños, barrer calles, acudir a eventos panistas o tener una preferencia ante las próximas elecciones federales.
“Ya nos advirtieron que si no entregamos nuestras credenciales del IFE o no votamos por el PAN, nos van a quitar el apoyo de manera definitiva”, acusó Josefina García.
Finalmente, señaló que la mayoría de las personas que conoce del municipio de Atlixco, San Andrés, San Pedro y Santa Isabel Cholula, están inconformes con las “actuales condiciones”. Sin embargo, la mayoría tiene miedo denunciar estas anomalías ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), pues temen que la ley no las proteja y les quiten definitivamente el apoyo económico.
Descuento ilegal
Vocales de los programas sociales descuentan 50 por ciento de los recursos por no asistir a eventos oficiales del gobierno estatal y municipal.
La humillación
Las vocales de Sedesol del programa Oportunidades humillan a los beneficiarios obligándolos a lavar baños y barrer calles con la frase de “gánense el dinero con el que van a tragar”. También los amenazan con retirarles el apoyo o descontarles 50 por ciento, sólo por no haber acudido como “acarreados” a algún evento político o no mostrar preferencia por el partido oficial.
La necesidad
Las mujeres que reciben 800 pesos, en su gran mayoría, son madres solteras que deben ganarse el sustento diario para darles de comer a sus hijos, para que acudan a la escuela, ropa, calzado, luz, agua, renta, entre otros gastos que requiere un hogar. La necesidad y el hambre motiva a estas madres (y a las abuelitas también) a obedecer y seguir las “nuevas reglas” para que cuenten el recurso económico bimestral que finalmente es un apoyo, no una manutención.
El anonimato
Las personas que revelaron las anomalías con las que manejan el programa federal de Oportunidades solicitaron el anonimato por temor a que sean excluidas, les sea retirado el apoyo económico o actúen en su contra.
La frase
“Desde que inició esta administración estatal, los promotores nos dijeron que las reglas de operación ya habían cambiado, que todo cambia y que si queríamos recibir el dinero teníamos que obedecer. Dijeron que esto lo hacía el gobierno para presionar a la gente y que entre más personas se fueran, era mejor.”
Titular en Santa Isabel Cholula
Las denuncias
Los requisitos para recibir apoyos no incluyen que las mujeres deban hacer limpieza, acudir a eventos políticos, entregar su credencial de elector o mostrar preferencia por el actual gobierno. Las personas que han sido víctima de estas irregularidades pueden denunciar ante la FEPADE sin costo, comunicándose al 01 800 833 72 33. Su denuncia es anónima.