El ayuntamiento de Izúcar de Matamoros y el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) firmaron un convenio para formalizar la instalación y funcionamiento del Juzgado Municipal que conocerá de asuntos en materia civil y penal.
Carlos Gordillo Ramírez, presidente municipal de Matamoros y David López Muñoz, magistrado presidente del TSJE, protocolizaron el acuerdo que concreta la creación del juzgado que tiene la finalidad de mejorar la administración de justicia. El alcalde refirió que la administración de justicia debe ser pronta y expedita, además destacó la importancia que ésta tendrá para toda la población de la región.
“La creación de este juzgado tendrá un impacto importante porque va a agilizar los procesos judiciales, de tal manera que va a redundar en una pronta administración e impartición de justicia.”
Dijo que el beneficio va a repercutir directamente en la población que llega al municipio proveniente de juntas auxiliares, comunidades y barrios, quienes tienen que acudir a atender sus asuntos jurisdiccionales; en este sentido, la instalación de juzgado les va a facilitar la resolución de sus procesos en cuanto a tiempo y gastos. Gordillo Ramírez estableció que comenzaron a trabajar en cuanto a proporcionar un espacio físico necesario para establecer las oficinas en las que se ubicará el Juzgado Municipal.
Por su parte, David López Muñoz felicitó al alcalde por haber dado este paso que proporciona certeza jurídica en la Mixteca poblana, además que el Juzgado Municipal va a fortalecer la cultura de la legalidad en la entidad. “Este esfuerzo conjunto del cabildo y del Poder Judicial del Estado le va a otorgar certeza y transparencia jurídica a todas las personas que habitan el municipio izucarense.
”Reconozco la iniciativa y el esfuerzo encabezado por el presidente municipal para poner a Izúcar a la vanguardia de la administración de justicia y de la cultura de la legalidad.”
El artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado establece que los jueces municipales conocerán de todas las diligencias que deban practicarse en vía de jurisdicción voluntaria; de los negocios civiles y mercantiles; de las controversias sobre arrendamientos de inmuebles, de los conflictos de competencia que se susciten entre los jueces de Paz de su jurisdicción, entre otras facultades.
