A poco más de 2 años de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con el número 12 VG/2018, sobre las investigaciones a las violaciones graves a los derechos humanos, por la ejecución arbitraria de V13 y V14, el trato cruel cometido en agravio de 10 personas, incluidas 2 menores de edad, entre otras irregularidades cometidas por la policía estatal y personal de la Sedena en los hechos ocurridos el pasado 03 de mayo de 2017 en la localidad de Palmarito Tochapan del municipio de Quecholac, las víctimas continúan siendo ignoradas y peor aún, continúan siendo revictimizadas y estigmatizadas.
Lo anterior lo dio a conocer la representante de las familias afectadas y también presidente de la Comisión Ciudadana por la Democracia y los Derechos Humanos (CCDDH) en Puebla, Mónica Roldán Reyes quien expuso la falta de respuesta y acción por parte de las autoridades del gobierno federal y estatal. Refrió que tras los hechos ocurridos el pasado mes 03 de mayo de 2017 en donde se suscitó un enfrentamiento entre civiles y militares, tras las investigaciones por personal de la CNDH se detectaron diversas anomalías entre las que incluye también: la retención ilegal de 9 adultos y 4 infantes, por citar algunas.
Aseveró que pese a las recomendaciones emitidas a los entonces: secretario de la Defensa Nacional, general, Salvador Cienfuegos Zepeda; el director general de Petróleos Mexicanos, Carlos Alberto Treviño Medina; el ex gobernador del Estado de Puebla, Antonio Gali Fayad; el ex fiscal de Puebla, Antonio Carrancá; el magistrado y presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, Héctor Sánchez; hasta el día de hoy, no ha habido una respuesta, ni se han acatado las recomendaciones; por lo que se exigirá al Congreso del Estado de Puebla mande a comparecer a las autoridades correspondientes, de lo contrario y en caso de persistir la negativa para reparar los daños a las familias de las víctimas se interpondrá una queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Y es que pese a que entre las recomendaciones emitidas a las diversas figuras tanto de la Sedena, de Pemex, del Gobierno del Estado, entre otros destaca que en un plazo no mayor a 30 días, se brinde la atención integral para reparar el daño, así como también las víctimas fueran inscritos en el Registro Nacional de Víctimas para que tengan acceso al fondo de ayuda, así como de continuar con las investigaciones, a más de 2 años, se ha hecho caso omiso.
La ineficiencia e incapacidad
Roldán Reyes expuso que el personal de la policía no cuenta con la capacitación necesaria para brindar atención a las víctimas y que, pese a las recomendaciones que les fueron emitidas, solo tomaron un curso de 3 horas, tiempo al que calificó como insuficiente para el personal policial tenga los conocimientos necesarios para no infringir los derechos humanos y actuar conforme al Sistema de Justicia Penal.
A su vez, expuso que derivado de la falta de acción de las autoridades correspondientes para atender las recomendaciones, así como la estigmatización de algunos medios de comunicación hacia los pobladores de la localidad de Palmarito Tochapan, las familias del municipio continúan sin recibir apoyos de los programas que se impulsan a través de los gobiernos federal y estatal.
Lamentó que algunos medios informativos de Puebla difundan notas informativas falsas, manejando desde cifras, fechas y datos erróneos que vulneran a las víctimas de los hechos ocurridos el pasado 3 de mayo de 2017 y que, derivado de ello, se persiste en dañar la imagen del agricultor, Antonio Valente Martínez Fuentes quien ha sido señalado por estos medios de comunicación como el presunto líder huachicolero.
Por lo anterior, indicó que, de las 3 denuncias por daño moral al productor, Antonio Valente Martínez Fuentes, una de ellas ya está integrada y esperan que a principios de enero de 2021 se continúe con el proceso tanto de las demandas a los medios de comunicación, como de exigir al Congreso del Estado de Puebla se atiendan las recomendaciones emitidas desde el 2018 por la CNDH.
