Elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal desalojaron a integrantes del Consejo de Pueblos Unidos de la Región de los Volcanes, que tenían tomada la planta embotelladora de agua Bonafont.
La empresa, que es propiedad del consorcio francés Danone, estaba sitiada por manifestantes desde el 22 de marzo de 2021, ubicada en el municipio de Juan C. Bonilla.
En respuesta, la organización Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y del Izta-Popo se declararon en alerta máxima e, inclusive, solicitaron la ayuda del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Asimismo, en un comunicado, clamaron por apoyo del Congreso Nacional Indígena (CNI) y del Concejo Indígena de Gobierno para frenar lo que llamaron represión y despojo de las instalaciones del Altepelmecalli, la "Casa del Pueblo", donde estaba la planta Bonafont.
De este modo, los manifestantes exigieron el retiro de las fuerzas armadas y la devolución de las instalaciones a los pueblos, a través de una carta pública, en la que convocaron a todos los pueblos, organizaciones hermanas y de derechos humanos.
Afirmaron que la madrugada del martes, sin previo aviso llegaron elementos de la Guardia Nacional, granaderos y la Policía Estatal, para desalojarlos del edificio de la empresa privada.
Señalaron que en el operativo fue desmedida la presencia de las fuerzas armadas de los tres niveles de gobierno, luego de mantener un año cerdada la planta, propiedad de la transnacional Grupo Danone.
Han acusado constantemente que la empresa Bonafont es criminal, luego de que ha robado millones de litros de agua diariamente en la región, secando los pozos, ríos y ameyales.
Tras expulsar a la embotelladora, aseguraron que los pueblos construyeron vida sobre sus ruinas, con proyectos de salud, educación, comunicación, agricultura, ganadería, justicia y cooperativas.
“Ahora el gobierno responde por los intereses de esta empresa y facilita que el despojo de agua reinicie. Por eso, denunciamos que reprimen a los pueblos y protegen al capital. Para ellos, el dinero está por encima de la vida”, condenaron.
Postura empresarial
Mientras tanto, Bonafont informó en un comunicado que requerían del espacio para el sustento de sus trabajadores, toda vez que se mantendrán al tanto de lo que definan las autoridades.
Al emitir una postura oficial tras la liberación de la planta, refirió la empresa que el objetivo es seguir con los trabajos de distribución de la embotelladora, suspendidos durante más de siete meses.
Señalaron que la prioridad en el municipio de Juan C. Bonilla es continuar con los trabajos para contribuir con el sustento de las más de las más de 600 familias.
“Estaremos atentos y pendientes de las determinaciones de las autoridades responsables, siempre con el compromiso de construir soluciones con base en el diálogo, la transparencia y el respeto al estado de derecho”, termina el texto.