Refirió que inició procedimientos de responsabilidad contra 32 funcionarios de la pasada administración.
Al respecto, la titular de la Secretaría de la Controlaría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrich Fernández, detalló que de las 45 auditorías que se aplican a la administración ulisista, se han concluido 16 involucradas con los sectores de infraestructura y salud, educativo, social y cultural, justicia, económico y productivo.
Lo anterior, arrojó un daño pecuniario causado al erario público estatal de tres mil 787 millones de pesos, expuso.
Señaló que este perjuicio a las finanzas del estado se realizó en “confabulación de diversos servidores públicos” de la administración anterior, quienes modificaron partidas inicialmente autorizadas por el Congreso del estado “autorizando ampliaciones presupuestales a partidas no prioritarias”.
Asimismo, se constató la “falta de expedientes técnicos unitarios que permitan la revisión y evaluación de las metas, alcances, objetivos y ejercicio presupuestal de las obras y programas en el marco de las autorizaciones realizadas desde el Congreso”.
Además se comprobó la inexistencia de bienes y servicios e incluso la inexistencia de algunas empresas contratadas.
Por este motivo, la Contraloría estatal determinó iniciar un procedimiento de responsabilidades a 32 funcionarios públicos de dependencias como el Instituto de Educación estatal, Caminos y Aeropistas de Oaxaca, Turismo y Economía, Pensiones, Colegio de Bachilleres, Instituto Estatal de Educación para Adultos e Instituto Estatal de Bachilleres de Oaxaca.
De igual forma al Régimen Estatal en Salud, conocido como Seguro Popular, Colegio Superior de Educación Integral Intercultural, Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa, Comunicación Social, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Oaxaca, Contraloría y Sistema DIF.
Woolrich Fernández explicó que de acuerdo con las facultades de la Contraloría, estos funcionarios serán notificados y corresponderá a las autoridades encargadas de la impartición de justicia, analizar cada caso y continuar con los procedimientos administrativos o penales.
Agregó que debido a modificaciones hechas durante la administración anterior a diversas leyes y códigos, el delito por desvío de recursos públicos no está considerado como grave.
Cabe señalar que dentro de los funcionarios que enfrentarán este procedimiento se encuentran Miguel Angel Ortega Habib, ex secretario de Finanzas, tres directores de comunicación social, el ex secretario de Obras Públicas, Armando González Bernabé y el director del Instituto de Educación para Adultos, Cipriano Flores, entre otros.
NTX/PIV/GPG/GVG