Moreno Díaz se encuentra rindiendo declaración ante el agente del Ministerio Público Federal, como parte de la investigación abierta en su contra por presuntos actos de corrupción que podrían ser tipificados como enriquecimiento ilícito o cohecho.
En octubre de 2010, el fiscal federal aseguró en el puerto de Acapulco un yate como resultado de la indagatoria que se realiza a Moreno Díaz con base en la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPJ/MXXVI/136/2009.
En esa ocasión el representante social de la Federación decretó el aseguramiento del yate relacionado como objeto, instrumento o producto probable de un delito, a fin de contar con elementos de prueba en el caso. En las próximas horas la PGR dará a conocer más detalles sobre la detención de Moreno Díaz.
Exige PRI llegar hasta las últimas consecuencias
El presidente de la Comisión Especial de Casos de Corrupción en la CFE de la Cámara de Diputados, César Augusto Santiago, pidió llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación contra Néstor Moreno Díaz, ex director de Operaciones de la paraestatal.
Autoridades de la Procuraduría General de la República confirmaron hoy la detención de Moreno Díaz, ex funcionario de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El detenido presuntamente fue sobornado con un yate con valor de 1.8 millones de dólares y un automóvil Ferrari valuado en casi 300 mil dólares, así como diversos pagos por 800 mil dólares, apuntó Augusto Santiago, presumiblemente para otorgar contratos a empresas estadunidenses.
En un comunicado, el legislador priista destacó la labor de la Procuraduría General de la República (PGR) y mencionó que su titular Marisela Morales, está cumpliendo con su compromiso de avanzar en la investigación de fraudes en la CFE.
Expresó que los legisladores seguirán de cerca este caso y le hizo un llamado al Poder Judicial, para que “no permita que impere la impunidad y éste sujeto (Moreno Díaz) quede libre, ya que sobre él pesa un fraude mayúsculo a la nación”.
César Augusto Santiago, recordó que el caso de Néstor Moreno Díaz fue destapado en los Estados Unidos a solicitud de la empresa suiza ABB, y en 2009 comenzó el juicio.
En junio de 2007, la cajera de la CFE, María Elena Guerrero Escamilla, descubrió una transferencia ilegal de fondos por más de siete millones de pesos a cuentas personales de empleados de la paraestatal y eso puso al descubierto que durante cuatro años se registraron acciones similares con operaciones que totalizaban 300 millones de pesos.