El organismo brindará atención oportuna e integral a las víctimas u ofendidos de delitos, por sí misma o en coordinación con instituciones especializadas; coadyuvará al eficaz desempeño de las autoridades con competencia en esta materia; y diseñará y ejecutará políticas, programas y esquemas de colaboración y coordinación interinstitucional de atención a víctimas u ofendidos de delitos.
Dicha procuraduría se ubicará en la ciudad de México y podrá establecer las instalaciones y mecanismos de enlace en entidades federativas; proporcionará a las víctimas u ofendidos asistencia médica, psicológica especializada, orientación y asesoría jurídica, así como apoyo en la búsqueda de personas desaparecidas.
Además brindará subsidios o ayudas previstos en los programas, entre otros, gastos funerarios, becas, compensaciones, seguros médicos o, en su caso, podrá otorgarlos directamente a víctimas u ofendidos de delitos federales.
El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial y será administrado y operado por una Junta de Gobierno, que incluye a los representantes de las secretarías de Gobernación, Marina, Seguridad Pública, Hacienda y Crédito Publico, Desarrollo Social, Salud y un procurador.
Asimismo establece que la Junta de Gobierno del organismo deberá instalarse dentro de los 30 días naturales siguientes a su publicación.