La coordinadora nacional de los diputados locales del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, Laura Rojas Hernández, subrayó que se deben prevenir situaciones de este tipo, pues “si no se les pone un límite podría pasarnos lo que a Grecia en materia económica”.
Refirió que el gasto destinado a las entidades federativas, el cual incluye participaciones federales, aportaciones, provisiones salariales, económicas, así como convenios, aumentó de 786 mil 585 millones a un billón 51 mil 290 millones de pesos, es decir cerca de 34 por ciento real desde 2000.
La representante partidista señaló que los saldos de deuda total de los estados se dispararon de 141 mil 400 millones en 2006 a 363 mil 422 millones de pesos en 2011 y recordó las exorbitantes deudas adquiridas por los gobiernos de Coahuila, Quintana Roo, Michoacán y Nuevo León.
Al respecto, subrayó la necesidad de conocer su deuda real y no sólo la que reportan las entidades federativas al gobierno federal, pues de esa manera se frenaría el que los ciudadanos sean los más afectados y terminen pagándola.
“La deuda de Coahuila no sólo es excesiva, sino también es ilegal y (Humberto) Moreira es el claro ejemplo del por qué es tan necesario que le amarremos las manos a los gobernadores en el país en materia de deudas estatales”, señaló.
La coordinadora nacional de diputados locales explicó que para adquirir un crédito bancario los gobiernos estatales deben pedir autorización a sus congresos, pero también, dijo, existen otras formas de contratar deuda sin que pase por autorización de los legisladores.
“Lo que hizo Humberto Moreira fue falsificar un decreto como si se hubiese votado, y burló con ello al Poder Legislativo”, subrayó.
Rojas Hernández manifestó que Michoacán es otro de los estados que está endeudado, pues en diversas ocasiones el actual gobierno ha contratado deuda por falta de solvencia y éste es un claro ejemplo de que “el problema es cuando se endeudan por más de lo que pueden pagar".
Resaltó que su partido ha propuesto que “toda la deuda que contrate cualquier ente público tenga que pasar por autorización del Congreso y de esa manera podremos saber cuál es la deuda real", expuso.
También se debe fijar un tope a los gobiernos estatales para evitar que se endeuden más allá de su capacidad de pago, sin olvidar que ésta sólo se debe utilizar para inversión pública productiva y no para pagar gasto corriente o sueldos, concluyó.