En entrevista, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dijo que en tanto ello ocurre, es facultad constitucional del presidente de la República hacer cambios en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
Según su propuesta, la Fepade no debe depender de la Procuraduría General de la República (PGR) ni el Ejecutivo federal, sino debe tener su propio ámbito como el IFE, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y otros entes más.
De esa manera, subrayó, si el fiscal es nombrado por el Congreso de la Unión, ya sea la Cámara de Diputados o el Senado, “creo que tendríamos un sistema mejor integrado”.
Añadió que a las tres instituciones señaladas agregaría a los partidos políticos y ciudadanos, que harían el Poder Electoral, y esto quizás daría mayor credibilidad y confianza, pero en tanto esto no suceda es facultad del presidente hacer las designaciones que considere pertinentes, reiteró.
Más adelante consideró que el hecho de que se lleven a los tribunales las controversias políticas es un elemento de seguridad, ya que con ello se abre la posibilidad de que los interesados lleguen al debate jurídico de lo que se hizo en la arena política.
Subrayó que en reiteradas ocasiones ha señalado que las elecciones se ganan en las urnas, pero cuando no hay conformidad y alguien se muestra inconforme con el resultado, tiene la vía jurídica para analizar y resolver si tiene o no la razón.
Por ello, señaló que no importa que lleguen muchos asuntos al órgano jurisdiccional, aunque aclaró que “no es sano que se judicialice la política, la cual debe prevalecer en el ámbito político, y tendríamos todos que asumir la responsabilidad de aceptar los resultados”.
Empero, dijo que ante la diferencia de opinión, la mejor forma de responder es en un tribunal y no como sucedía antes, ante la comisión calificadora de cada una de la Cámara de Diputados erigida en Colegio Electoral calificador de los comicios.
En opinión de Flavio Galván Rivera, es mejor que sea con criterios jurídicos y pruebas que con criterios políticos.
Por otra parte, recordó que por mayoría, el pleno de la Sala Superior del TEPJF resolvió que se aplicará una sanción mayor al boxeador Juan Manuel Márquez, por portar el logotipo del PRI en su calzoncillo durante su pelea con el filipino Manny Pacquiao.
Planteó que él no estuvo de acuerdo con esa resolución mayoritaria, por lo que propuso que se investigara más para ver quién es el responsable de esa publicidad, pero su voto particular no tuvo mayor trascendencia.