La regulación contra el lavado de dinero en México seguirá incompleta mientras no sean aprobados los proyectos de ley sobre la materia, enviados por el Ejecutivo federal al Congreso, mismos que "permanecen en el limbo", señaló el Departamento de Estado de Estados Unidos, al demandar también al gobierno mexicano modificar la legislación sobre financiamiento al terrorismo.
En un informe sobre lavado de dinero y delitos financieros, el Departamento de Estado precisó que México debe modificar su legislación sobre financiamiento al terrorismo para hacerla coincidir con la Convención de las Naciones Unidas para la Represión del Financiamiento al Terrorismo.
Además debe promulgar leyes para congelar sin demora activos de terroristas designados por el Comité de Sanciones de la ONU en su resolución mil 267, relativa a los talibanes que operan en Afganistán.
En un reporte sobre crímenes financieros y lavado de dinero por países fechado en mayo pasado, el Departamento de Estado señaló que las autoridades mexicanas han tomado algunas medidas para controlar el lavado de dinero; sin embargo, las acciones aún son insuficientes.
Aseguró que el lavado de dinero va de 19 mil millones a 39 mil millones de dólares al año y destacó que la llamada Ley Antilavado está pendiente en el Congreso.
"Las regulaciones aprobadas representan pasos concretos hacia adelante; sin embargo, hasta la aprobación en el Senado del nuevo paquete de leyes anti-lavado, que está pendiente desde 2010, el marco regulatorio en México seguirá siendo incompleto", indica el informe de mayo.
En una nota divulgada ayer por algunos medios se dio a conocer que en un informe del Departamento de Estado sobre lavado de dinero y delitos financieros se asienta que la cifra de entre 19 mil millones y 39 mil millones de dólares en que Estados Unidos calcula el lavado en México es rechazada por el gobierno mexicano.
Sostiene además que "está abierta la pregunta sobre cuál es el nuevo destino de los dólares en efectivo que ya no entran al sistema financiero mexicano", por efecto de nuevas leyes, que han permitido la incautación de 500 millones de dólares "a granel" en la última década. "Los últimos datos no apoyan la hipótesis de que (esos recursos) hayan sido re-direccionados a Centroamérica y el Caribe".
Ante esta situación, las autoridades de México y Estados Unidos acordaron continuar estudiando el flujo monetario procedente de ese país, señalan las versiones de prensa.