La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encabezada por Dionisio Pérez Jácome, que remita con carácter urgente un informe en el que explique las razones del rescate de las concesiones de la banda de 2.5 gigahertz (GHz). 

El punto de acuerdo, promovido por los diputados perredistas Mary Telma Guajardo, José Luis Jaime Correa y Víctor Manuel Castro, y aprobado por el pleno de la Permanente, menciona que el rescate de las concesiones de la banda ancha de 2.5 GHz, ordenado por el gobierno federal, ha generado múltiples interpretaciones y una gran incertidumbre sobre las razones de fondo para asumir dicha medida, sobre todo cuando faltan pocos meses para que concluya la actual administración.

“La medida tiene visos de ser un acto de venganza que busca favorecer los intereses de los monopolios televisivos, tal como lo han adelantado muchos analistas y especialistas; en todo caso resulta indispensable que el gobierno federal, a través del secretario de Comunicaciones y Transportes, haga llegar a esta soberanía un informe que explique las razones de fondo y las consideraciones técnicas que fundamentaron su decisión para iniciar las acciones de rescate de las concesiones de la banda de 2.5 gigahertz y aclarar las dudas y cuestionamientos que han surgido”.

El pasado 8 de agosto, Dionisio Pérez Jácome, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dio a conocer la decisión del gobierno federal de rescatar las concesiones de MVS correspondientes a la banda 2.5 GHz.

La dependencia, señala el punto de acuerdo, sustentó su determinación con dos argumentos; por un lado, la falta de acuerdo sobre el monto de la contraprestación que debería pagarse para prorrogar las concesiones asignadas a MVS, y, por otro, la necesidad de hacer un uso más eficiente de la banda ancha para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios. La medida contempló la suspensión o cancelación de las concesiones y el anuncio de licitarlas.

“El mal llamado rescate no tiene explicación lógica y se puede configurar en un ataque al derecho a la información, a la libertad de expresión y a la pluralidad que debe existir en los medios de comunicación. En esas condiciones se podría calificar esta acción como un acto autoritario, motivado en razones ajenas al interés público, pues no se aprecia que esta medida tenga sustento en razones de orden técnico.

“Tampoco puede argumentarse un supuesto reordenamiento, ya que no resulta pertinente, ni siquiera prudente, pretender hacer ahora lo que no se hizo durante toda la administración del presidente Calderón”, indica el texto.

En tribunal, el diputado Correa dijo que  es importante que a unos días de concluir el periodo de sesiones de la comisión “cumplamos cabalmente con el alto encargo que nos fue encomendado por la ciudadanía, y laboremos con ahínco y decisión hasta el último día de esta LXI Legislatura en la defensa y protección de los derechos humanos, consignados en el título primero de la Constitución general, lo cual fue un logro de esta legislatura, específicamente en torno a las libertades de expresión, información y de prensa en el ejercicio de las cuales los periodistas juegan un papel fundamental, y por lo cual el Estado mexicano tiene el deber de garantizarles al ejercicio de su profesión”. 

Por su parte, el diputado del PT Jaime Cárdenas señaló que el tema es importante, ya que se trata de la concentración que hay, en el medio de las telecomunicaciones, del espectro radioeléctrico a favor de unas cuantas empresas, “sobre todo la empresa Televisa, y otras empresas que constituyen un auténtico oligopolio, un oligopolio que se ha colocado  muchas veces por encima de las instituciones del Estado, como poder fáctico”; también se trata, dijo, de un asunto vinculado a la libertad de expresión.

Remarcó que en lo relacionado con la libertad de expresión y el posible chantaje o presión que ejerció el gobierno hacia la empresa MVS, para que saliera del aire Carmen Aristegui de su programa de radio, “es un atentado muy grave a la Constitución y a los derechos humanos, que debiera seguramente implicar por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos una investigación de oficio”.

Consideró que el caso de Carmen Aristegui, “de la salida de su programa de radio de MVS y la reincorporación posterior de la misma, ameritaría un análisis, una investigación de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque es un asunto no solamente estrictamente económico, o no solamente referido a la concentración monopólica en un sector, sino tiene que ver con esta otra vertiente de los derechos fundamentales”.

Cárdenas recordó lo sucedido en febrero de 2011, cuando él, junto con los diputados  Gerardo Fernández Noroña y Mario Di Costanzo, desplegaron la manta, en alusión al presidente Felipe Calderón. Por esta acción, refirió Cárdenas, el PAN presentó ante el IFE una queja, por presuntamente violentar la legislación electoral. Ha pasado año y medio de ese hecho, y el Instituto no ha resuelto la queja, indicó Cárdenas.

Durante la aprobación del punto de acuerdo, la sesión fue interrumpida por el diputado  del PT, Gerardo Fernández Noroña, quien pidió el uso de la palabra para hablar sobre el tema de la banda 2.5 GHz; sin embargo, el presidente en turno de la Mesa Directiva, Francisco Arroyo, rechazó dárselo, por no pertenecer a la Comisión Permanente.

 “Señor diputado, le ruego por favor. Nunca será arbitrariedad tratar de ejercer el reglamento, la Constitución y la ley en esta asamblea. El artículo 78 de la Constitución, los artículos correspondientes de la ley orgánica y del reglamento son claros. Permítanos el desahogo de la sesión y no me obliguen a levantar la sesión en este momento”.