Foto.- Agencia Xinhua

Las lluvias históricas registradas en las últimas dos semanas en México han dejado pérdidas millonarias aún no cuantificadas, mientras que el gobierno federal dispone, en una primera instancia, de unos 12 mil millones de pesos para atender los estragos.

La semana pasada, “Ingrid” y “Manuel” dejaron por lo menos 101 personas muertas, unas 68 desaparecidas y 330 municipios afectados en 22 de los 31 estados del país, así como 1.2 millones de damnificados y unas 50 mil personas desalojadas de sus lugares de residencia, según datos difundidos por el gobierno federal.

A lo anterior se debe agregar la destrucción de decenas de carreteras, puentes derrumbados, miles de hectáreas de cultivos perdidos y un número no determinado de reses y otros animales perdidos.

Recuentos de medios de prensa señalaron que la intensidad de las lluvias de los últimos 15 días no se había registrado desde 1958, cuando también coincidieron, al mismo tiempo, la llegada de dos fenómenos climáticos, uno por el litoral del Golfo de México y el otro por la vertiente del Pacífico mexicano.

Sin embargo, la emergencia en el país aún no termina, ya que regiones de al menos ocho estados se encuentran inundados en gran parte por el desbordamiento de ríos, que a su vez han causado deslaves en cerros, y las lluvias no cesan.

Aunado a ello, el frente frío número uno y el flujo de humedad proveniente de ambos litorales originan lluvias intensas, y se prevé que generen tormentas con actividad eléctrica y granizo, que afectarán a varios estados del territorio mexicano.

Conforme pasan los días se configura un panorama mucho más claro de las múltiples afectaciones de las fuertes lluvias que trajeron “Ingrid” y “Manuel” en gran parte del país.

Comunidades aisladas en los estados de Guerrero, Oaxaca y Sinaloa claman por ayuda, alimentos y agua, en tanto que las autoridades de Tamaulipas y Veracruz se preparan ante ese primer frente frío de la actual temporada, que producirá nuevas y abundantes lluvias en sus remojados territorios.

El más reciente blanco de los embates de “Manuel” es Sinaloa donde se contabilizan unos 100 mil damnificados, tres personas muertas y daños mayores en los municipios de Culiacán, Navolato, Mocorito y Angostura.

En el estado de Guerrero, golpeado por “Manuel”, la situación sigue siendo dramática en Acapulco, donde siguen inmovilizados miles de vacacionistas, en su mayoría procedentes de la capital mexicana.

El caso de la comunidad de La Pintada, en el municipio de Atoyac de Álvarez, se coloca a la cabeza como el más dramático, ya que un cerro se vino abajo sobre una aldea y se calcula que hay decenas de habitantes muertos.

Según el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, sólo en esa comunidad se reportan 68 personas desaparecidas, muchas de la cuales estarían sepultadas bajo toneladas de tierra y piedras.

Testimonios de habitantes sobrevivientes de esa comunidad dan por hecho que sólo es cuestión de tiempo para confirmar que esas personas perecieron, debido a que este domingo cumple una semana de estar enterrados.

En su intento por llevar ayuda a los damnificados de La Pintada y realizar labores de rescate en Atoyac, el helicóptero de la Policía Federal —un Black Hawk— se desplomó en un cerro y sus cinco ocupantes fallecieron.

Ante ese panorama, con el fin de atender los efectos de las lluvias torrenciales de este mes, la Secretaría de Gobernación había emitido hasta la víspera 190 declaratorias de emergencia y 171 declaratorias de desastre natural.

La primera clasificación corresponde a ayuntamientos que solicitan apoyo de la federación para enfrentar las necesidades urgentes de la población afectada, mientras que el trámite de desastre natural es el proceso para evaluar los daños en infraestructura y viviendas, así como de otros gastos necesarios para la reconstrucción de las zonas devastadas.

Las declaraciones de emergencia fueron emitidas para los estados de Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Chihuahua, Chiapas, Colima, Zacatecas y Michoacán, mientras que la clasificación de desastre natural fue para localidades de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chihuahua, Zacatecas, Tamaulipas, Puebla, Colima y Morelos.

Para atender ese tipo de contingencias, la Secretaría de Gobernación cuenta con un sistema que, en su momento, fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al otorgarle a México el premio “Mejores Prácticas Frente a un Ciclón”, por la acertada protección a la población.

Incluso, el sistema financiero para atender las necesidades —Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) y Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden)— es guía para varios países de América Latina.

Sin embargo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió, en un reporte de junio del año pasado, que México debía incrementar su inversión en la prevención de desastres y construir con mira a largo plazo.

Según el documento “La economía del cambio climático en México”, elaborado por varias dependencias del gobierno federal, en el país están en riesgo de inundaciones 824 municipios; deslaves, 283; sequías agrícolas, mil 102; disminución de rendimiento por precipitación, 548 municipios; reducción de rendimiento por temperatura, 545; ondas de calor, mil 20, y transmisión de enfermedades, 475.

El llamado presidencial

El presidente Enrique Peña Nieto urgió a los gobernadores de los estados afectados por “Manuel” e “Ingrid” a evaluar los daños, a efecto de hacer un ajuste en el Presupuesto de Egresos de 2014 para que haya una partida dedicada a la reconstrucción.

Urge “tener una mayor precisión de los daños que se han ocasionado y que se tienen cuantificados en el país, para poder hacer una revisión en el presupuesto” y ajustar las partidas dedicadas a la reparación de infraestructura dañada por los fenómenos climáticos, expuso.

En el albergue ubicado en la preparatoria de la Universidad de Sinaloa, donde se encuentran 5 mil damnificados, el ejecutivo federal advirtió que ante los momentos difíciles y de contingencia es una oportunidad de “sacar la casta y entereza” para superar la crisis.

Asimismo, pidió a los gobiernos estatales llevar a cabo la evaluación de las pérdidas de las familias y a la infraestructura, para que a la brevedad se puedan organizar y aplicar acciones de reconstrucción.

En ese sentido reconoció que los recursos son insuficientes, por lo que urge la valoración para tener un balance de las afectaciones y que se incluya en el Presupuesto de Egresos, que discutirá el Congreso de la Unión, una partida destinada a la reconstrucción.