El presidente Enrique Peña Nieto llamó a los estados del país a romper inercias, a tener una mente abierta al cambio y concretar en el plazo constitucional que vence en el 2016, el nuevo sistema de justicia penal.
Esto, precisó, a fin de que la fuerza y capacidad del Estado se dedique mayormente a combatir a las organizaciones de mayor criminalidad.
Al inaugurar la XXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el mandatario federal, explicó que este sistema permitirá tener mecanismos alternos para que asuntos de menor relevancia puedan ser resueltos mediante el acuerdo de los involucrados, o las partes involucradas.
"Y que, realmente, la fuerza y capacidad del Estado pueda dedicarse mayormente a combatir a aquellos que más lastiman a la sociedad mexicana, a esas bandas, a esas organizaciones criminales, que efectivamente han logrado estar mejor capacitadas, mejor equipadas, con armamento altamente sofisticado",
Para lo cual, dijo, "debemos asegurarnos que el Estado mexicano, sus instituciones, tengan mayores capacidades y dediquen mayores esfuerzos bajo una mejor coordinación para combatir a estos delincuentes y organizaciones criminales de alta peligrosidad".
Urgió al Congreso de la Unión a aprobar las iniciativas de ley sobre mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y la iniciativa de Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales.
Explicó que con la aprobación de estas iniciativas, las entidades federativas podrían aplicar cabalmente el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Reafirmó que el gobierno de la República, está decidido a apoyar a todas las entidades federativas para lograr la implementación total del nuevo Sistema de Justicia Penal en el plazo constitucional establecido.
Advirtió que transformar el sistema tradicional penal es el reto más grande de los últimos cien años de actividad jurídica en nuestro país.
"Para superarlo, es necesario romper inercias, tener una mente abierta al cambio y, sobre todo, concretar en el plazo constitucional establecido los cambios legales e institucionales que se requieren. Y este plazo se agota en el año 2016", subrayó, al tiempo que pidió aplicarlo a procuradores y fiscales del país.
Reconoció que no hay modificación de fondo a una legislación que sea fácil de implementar, porque el cambio en la ley también implica un cambio en la vida de las instituciones y de las personas.
"Y para que esta reforma se sienta en el día a día de los mexicanos, más allá de contar con nueva infraestructura, se requiere de una nueva mística de servicio en las instituciones de justicia, tanto a nivel Federal, como en los órdenes estatales".
Explicó que la reforma constitucional de 2008 marcó el inicio de una nueva etapa en la vida jurídica de nuestro país, toda vez que se trata de un nuevo modelo penal adversarial y oral, diseñado para hacer pleno el derecho a una justicia expedita, imparcial y transparente, como lo mandata nuestra Constitución.
Dijo que es un modelo que privilegia la calidad de la justicia y protege las garantías jurídicas de toda persona, al ubicarlas en el centro del proceso penal.
Peña Nieto advirtió que este nuevo modelo exige mayor profesionalismo e integridad de los policías, peritos, defensores y Ministerios Públicos, así como de jueces y abogados".
Resaltó que la Procuraduría General de la República, así como de las fiscalías y procuradurías estatales son parte de una generación de servidores públicos que le corresponde enfrentar un doble desafío; procurar justicia y, al mismo tiempo, cambiar de fondo sus dependencias para estar en condiciones de aplicar esta trascendente reforma constitucional.
Para contribuir a este objetivo, recordó que una de las primeras decisiones que tomó como Presidente de la República, fue impulsar una legislación procesal penal única, válida para todo el territorio nacional.
Reconoció que gracias al trabajo de los legisladores se cuenta con un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales y en congruencia con lo establecido en la Reforma Penal de 2008, este código incluye las normas y los actos procesales que deberán observarse en el desarrollo de los juicios orales.
Con ello, se podrá acelerar la aplicación en todo el país del nuevo modelo acusatorio adversarial y oral, para asegurar el derecho a una justicia más ágil y equitativa.
Además, se fortalecen y homologan los instrumentos para asegurar el debido proceso y el respeto a los derechos humanos tanto de la víctima como del imputado.
Asimismo, se incluye y esto es algo muy importante, soluciones alternas y formas de terminación anticipada del procedimiento penal, lo que permitirá despresurizar el sistema de impartición de justicia y así, enfocar mayores recursos para perseguir y castigar a quienes más lastiman a nuestra sociedad.
Insistió que el Gobierno de la República seguirá respaldando a las entidades que aún se encuentran en proceso de instrumentación a fin de que puedan adoptar los mejores modelos de capacitación, gestión y operación.
Dijo que gracias al respaldo de los señores legisladores, en el periodo 2013-2014 se están destinando más de siete mil millones de pesos para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal.
"Esta cifra es prácticamente cuatro veces lo invertido previamente en esta materia, en este reto y en este objetivo. Lo hemos hecho así para asegurarnos de que en 2016, este sistema opera en todo el territorio nacional", subrayó.