El Senado de la República inició la ruta para aprobar esta semana las leyes secundarias en telecomunicaciones.

La publicación del proyecto de dictamen de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en la página del Senado contiene varios ajustes y cambios respecto a la iniciativa del Poder Ejecutivo federal.

Asimismo del anterior dictamen, elaborado y presentado por el senador panista Javier Lozano Alarcón, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

En materia de preponderancia se transcribe lo dispuesto en la Constitución Política mexicana, para que su determinación se realice por sector y no por servicios.

Este proyecto elimina la facultad de los concesionarios de telecomunicaciones de bloquear el acceso a contenidos, aplicaciones o servicios, ya sea por solicitud del usuario o de una autoridad competente.

Además se incorpora la prohibición para los concesionarios de inspeccionar el contenido del tráfico, garantizando con esto el derecho a la privacidad de la comunicación.

En materia de contenidos, se especifican las facultades de la Secretaría de Gobernación (Segob) y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

En el caso del instituto precisa que se encargará de vigilar y sancionar los tiempos máximos de publicidad y las obligaciones de los concesionarios sobre derechos de las audiencias.

Supervisará que la programación y publicidad para el público infantil cumpla con la ley, e informará el resultado a la Segob y a la Secretaría de Salud para que estas sancionen, y ordenará como medida precautoria la suspensión de la programación que no cumpla con los lineamientos que emitan estas secretarías.

En tanto, la Segob regulará, vigilará y sancionará el cumplimiento sobre los tiempos de Estado, boletines oficiales, encadenamientos, concursos y sorteos, vigilará y sancionará el resto de la programación que no le corresponda al instituto.

Se elimina la facultad de la Segob para verificar que las transmisiones de radio y televisión se mantengan dentro de los límites de respeto a la vida privada, la dignidad personal, la moral, no ataquen los derechos de terceros ni se provoque algún delito que perturbe el orden público.

A la misma dependencia se le reduce su facultad a sólo vigilar que las transmisiones cumplan con los criterios de clasificación.

En el documento se incluyen 14 derechos adicionales para los usuarios, para evitar todo tipo de discriminación en la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, y propiciar la igualdad de género.