El pleno del Senado de la República aprobó en lo general y lo particular las nuevas leyes de la Industria Eléctrica y Geotérmica, y la reforma la Ley de Aguas Nacionales, con lo que turnará de inmediato la iniciativa a la Cámara de Diputados.
En medio de un largo y ríspido debate que concluyó la madrugada de este domingo, en donde se expusieron los pros y contras de estas nuevas leyes que forman para de la reforma energética, se aprobó por 88 votos a favor del PRI, PAN y PVEM, así como 26 en contra del PRD y PT este marco legal secundario.
Es de destacar que se eliminó del dictamen el concepto de expropiación de tierras para el desarrollo de la industria eléctrica, lo cual coincide con el modelo de ocupación temporal de tierras para actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, contenido en la ya aprobada Ley de Hidrocarburos.
El pleno decidió retirar el concepto de expropiación de tierras de los artículos 11 y 71 de la Ley de la Industria Eléctrica.
El dictamen es el segundo que aprueba el Senado de la República en este periodo de sesiones extraordinario, que continúa para discutir y votar otros dos dictámenes de la legislación secundaria de la reforma energética constitucional.
El presidente del Senado, Raúl Cervantes Andrade, sometió a sufragio de los senadores el proyecto, que recibió 88 votos a favor y 26 en contra, y fue remitido como minuta a la Cámara de Diputados en su calidad de cámara revisora.
Del dictamen, se retiró el párrafo que establecía que el Ejecutivo federal debería diseñar una estrategia para sustituir los subsidios generalizados por apoyos focalizados.
Se mantiene que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas, las tarifas máximas de los suministradores de último recurso y las tarifas finales del suministro básico.
De igual forma, el Ejecutivo federal determinará, mediante acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales para determinados grupos de usuarios del suministro básico, en cuyo caso el cobro hará transparente la tarifa final que hubiera establecido la CRE.
Otro de los cambios establece que en ningún caso los contratos de producción independiente de energía que amparan centrales externas legadas y sus garantías, celebrados con la CFE, se tendrán por rescindido debido a la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.
Los contratos, convenios o instrumentos de naturaleza jurídica análoga o que estén relacionados con ella no podrán prever cláusula o acuerdo de voluntad alguno, que otorgue exclusividad o preferencia ilícitas en beneficio de cualquier organización.
Tras las intervenciones a favor y en contra, el pleno rechazó las propuestas de modificación que senadores del PRD y PT presentaron en temas relacionados a la red eléctrica y tarifas del servicio eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como en Geotermia y Aguas Nacionales.
Francisco Yunes Zorrilla, senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), defendió la reforma en tribuna y aseguró que de no aprobarse el dictamen en sus términos, no se dará el impulso a la industria eléctrica y no se lograrán sus impactos de producción en beneficio de la población y de los sectores productivos.
El hilo conductor de la propuesta, puntualizó, es impactar a la baja el costo de la tarifas eléctricas en beneficio del uso doméstico, además que habrá en la CFE mayor flexibilidad en la toma decisiones, con mayor independencia en la planeación de negocios y de operación.
La senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguró que como se plantea la legislación, en nada se va a ayudar a la ciudadanía con mejores servicios y tarifas.
Sostuvo que con el contenido del dictamen se afectará a 150 mil trabajadores de Pemex y 70 mil de CFE, por lo que se pronunció porque se incluyan medidas de exclusividad de contrato a personal por parte de los sindicatos operantes de las paraestatales
A su vez, la senadora Gabriela Cuevas Barron, del Partido Acción Nacional (PAN), se pronunció a favor del dictamen y estableció que dentro del Presupuesto Federal se pueden asignar recursos para la integración del fondo en mención para sumarse al financiamiento privado.
Esto, dijo, permitirá ofrecer el servicio en las comunidades donde no existe y mejorar el que ya se brinda en las poblaciones.
La legisladora planteó la creación de dos fondos: uno de acceso universal eléctrico y otro de servicio dedicado al suministro, en el que se atienda a las personas que están en situación de marginación.
Reconoció que el dictamen carece del concepto de desarrollo humano, pues no es posible pensar en leyes que no hablen de personas de carne y hueso.
Por otra parte, el senador Benjamín Robles Montoya, del PRD, advirtió que las grandes presas de la CFE generan un gran porcentaje de la energía en el país y, por tanto, prevalece la duda de que las empresas privadas tengan la intención de producir energía a menor costo.
El senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), sostuvo que la planeación del sistema eléctrico nacional se mantendrá como facultad exclusiva del Estado y la participación de las empresas privadas sólo se dará en generación y comercialización, que son los sectores que producen menos ingresos.
Desmintió que se vaya a desmantelar a la CFE, pues de los 62 gigavatios de capacidad instalada en nuestro país, 53 se encuentran en manos de la paraestatal y esto garantiza, además de la rectoría del Estado, el abasto a la población.
David Monreal Ávila, del Partido del Trabajo, criticó la apertura del sector eléctrico a las empresas privadas, pues diversos aparatados del dictamen posibilitan que el titular de los permisos pueda representar a las centrales eléctricas ubicadas en el extranjero.
Expuso que lo anterior permitirá importar energía eléctrica y no se promoverá la producción en el país.
Al referir que existen garantías para las comunidades, el senador Eviel Pérez Magaña, del PRI, destacó que se presentará una reserva para que en las negociaciones de proyectos que revolucionen comunidades indígenas, se observe lo dispuesto por la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte.
Sostuvo que se estimulará particularmente el desarrollo de la región sur-sureste mediante diversos programas, que permitirán crecer tanto productiva como socialmente a la población.
En su oportunidad, el senador Zoé Robledo, del PRD, puntualizó que es necesario democratizar el tema de las tarifas de luz en el país, a fin de buscar un precio social para que el acceso a la energía eléctrica se convierta en un mecanismo de igualdad.
Es importante mencionar que fueron rechazadas todas las propuestas de modificaciones de senadores del PRD, PT y Nueva Alianza.
A las 02:38 horas de la madrugada de este domingo, la presidencia de la Mesa Directiva del Senado decretó un nuevo receso y citó a las 12:00 del día para continuar con este periodo extraordinario de sesiones, donde se prevé empezar el debate del tercer dictamen.
