Con medidas preventivas, de control y sanción arrancó el Sistema Nacional Anticorrupción en México, el cual busca inhibir este flagelo que, de acuerdo con organizaciones, puede representar hasta 33% del ingreso de una familia que gana un salario mínimo y que destina al pago de sobornos para acceder a trámites y servicios.

Superado el veto, el Ejecutivo federal finalmente promulgó el paquete de siete iniciativas de leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción en Palacio Nacional, cuya función será coordinar a actores sociales y autoridades de los distintos órdenes de gobierno con el fin de prevenir, investigar y sancionar dichos ilícitos.

Con la promulgación deberá crearse un Comité Coordinador, conformado por un ciudadano (quien lo encabeza) y por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de la Función Pública, del INAI, de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, del Tribunal de Justicia Administrativa y un representante del Consejo de la Judicatura.

También habrá un Comité de Participación Ciudadana, con cinco integrantes, seleccionados por académicos reconocidos. Cabe destacar que el Comité Coordinador tendrá una presidencia rotativa por una año de entre los cinco representantes del Comité de Participación.

Para la prevención, se crean códigos de ética y un protocolo de actuación; en materia de control, habrá una plataforma digital nacional, con un sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses, así como un sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados y, en el ámbito de la sanción, se aplicará ante actos u omisiones.

El gobierno federal argumentó que se eliminarán los trámites innecesarios y el sistema permitirá que las contrataciones y obras públicas se realicen con transparencia.

Se crean, además, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, entre otros cambios legales.

Las reformas dan paso a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, como órgano autónomo para investigar y perseguir dichos actos. Y mediante reformas al Código Penal Federal, se establecen las sanciones para quienes cometan actos de corrupción, incluidos los servidores públicos y particulares.

Acompañado de integrantes de su gabinete, y ante representantes de diversos sectores, el presidente Peña Nieto anunció que en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso enviará para su ratificación el nombramiento del nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública, quedó acéfala ante la renuncia de Virgilio Andrade.

En la ceremonia de Palacio Nacional, Peña explicó que se tendrá una Fiscalía Anticorrupción y salas especializadas en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, además de que se fortalece la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública, cuyo titular ahora deberá ser ratificado por el Senado.

Destacó que el sistema nació de los ciudadanos, será presidido por los ciudadanos y servirá a los ciudadanos.

A partir del éxito del Sistema Nacional Anticorrupción podremos reconstruir la confianza ciudadana en sus instituciones y en sus autoridades, concluyó el mandatario.

La semana pasada la diputada priista Claudia Anaya Mota propuso reformas a la Ley de Cámaras Empresariales y Confederaciones, con el fin de generar una cultura ética y de legalidad así como de prevención de actos de corrupción.

Expuso la necesidad de que las propias cámaras empresariales sean quienes conduzcan las acciones de difusión de la cultura de la legalidad y que al mismo tiempo la propia ley les imponga la obligación de integrar un padrón con carácter público, que incluya a todas aquellas empresas que han incurrido en actos de corrupción. (Redacción)

Afirma Juan Pardinas, director del Imco

 

Falta hacerlo realidad

Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), refirió que aún está pendiente la transformación del SNA a la realidad. Una cosa es promulgar una ley y otra cosa es transformar la realidad, pero a lo que se presentó creo que hay que darle el beneficio de la duda y manda señales auspiciosas de cómo México puede transformar este terrible flagelo (la corrupción), que afecta nuestra vida pública, expresó.

Hoy, dijo, ya tenemos leyes mucho más claras para regular el conflicto de interés, el tráfico de influencias, que algo como lo que pasó con la Casa Blanca no vuelva a ocurrir. Esperemos que con estos marcos legales surjan instituciones que efectivamente representen un cambio. (Leopoldo Hernández) Marco Fernández, investigador de México Evalúa.

 

Ahora, que sea letra viva

El investigador de la organización México Evalúa Marco Fernández consideró que la promulgación de las leyes secundarias del SNA son de gran relevancia, sin embargo, acotó que se deben enfrentar aún retos para que se conviertan en letra viva.

Sin duda alguna son de una gran relevancia, porque representan el primer paso en una larga caminata por ir construyendo un sistema para combatir eficazmente la corrupción en el país, dijo el investigador

Añadió que hay un gran sabor hasta cierto modo amargo respecto del problema de las declaraciones patrimoniales, de interés y fiscales de los funcionarios públicos, no se logró su publicidad de forma detallada. (Leopoldo Hernández) Eduardo Bohórquez, presidente de TM.

Falta más legislación a las organizaciones académicas y civiles impulsarán en los próximos meses una nueva agenda legislativa en materia anticorrupción, anunció el director de Transparencia Mexicana (TM), Eduardo Bohórquez.

Informó que incluirán nuevas legislaciones, como las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; de Obra Pública, y para ajustar el Registro Público de la Propiedad; plantearán modificaciones a la Ley de Responsabilidad Fiscal y Hacendaria, y propondrán cambios a los códigos de procedimientos electorales que abordan el financiamiento político-electoral del país.

 

Vigilemos homologación

Una vez promulgado el Sistema Nacional Anticorrupción, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) llamó a no permitir que la ley se descomponga a nivel estatal y asegurar que no se permitan reformas locales a modo, ningún paquete de inmunidad o simulación.

Juan Pablo Castañón, presidente del organismo privado, se pronunció por activar una instancia de seguimiento que vigile y revise que efectivamente exista homologación en todas las entidades del marco legal e institucional indispensable para que funcione el Sistema Nacional Anticorrupción.

Pidió la plena aplicación de la ley, sin excepciones ni discrecionalidad, para reducir sensiblemente los actos de corrupción. (Lilia González)