Pedro Mauli Romero Chávez, exsecretario de finanzas del Partido Revolucionario Institucional en Chihuahua durante la administración de Cesar Duarte, fue detenido el viernes por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El funcionario fue acusado por el desvío de 63 millones de pesos, que recibió supuestamente de la nómina de la entidad para financiar campañas electorales.
Mediante su cuenta oficial de Facebook, Javier Corra, actual gobernador de Chihuahua, aseguró que Romero Chávez recibió por parte de la Tesorería de la Secretaría de Hacienda del Estado aportaciones mensuales equivalentes a 3 millones de pesos, más otros bonos, en el periodo de 2014 a 2015.
La detención se realizó luego de una orden de aprehensión librada por un Juez de Control debido a su probable intervención en hechos tipificados en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Según investigaciones ministeriales, a Romero Chávez le fueron entregados mensualmente cheques de entre 1.2 a 1.7 millones de pesos, provenientes de los descuentos de entre el 5 y 10 por ciento del salario de los empleados estatales.
Recibió partidas adicionales en diciembre de 2014 por 3 millones 666 mil 667 pesos y en diciembre de 2015 por 3 millones 166 mil 666 pesos, de los que se comprobó un origen ilícito, según la FGE.
Los cheques se expedían a nombre de la Secretaría de Hacienda y eran depositados en una cuenta del Servicio Panamericano de Protección, cuyo personal a su vez entregaba el dinero en efectivo a Romero Chávez.
La Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos Electorales (Fepade), de la Procuraduría General de la República, tiene abierta otra investigación contra el mismo exfuncionario por el delito de peculado electoral, expediente que también incluye al exgobernador César Duarte, su exsecretario de Hacienda Jaime Herrera Corral y otros dos funcionarios de menor rango.
Stefany Olmos, actual secretaria de la Función Pública, fue quien interpuso la denuncia ante la autoridad federal. Aunque todos fueron citados para emitir su declaración, sólo Duarte hizo caso omiso al llamado.
Tras dicha omisión, la Fepade solicitó al juez federal que lleva el caso que liberara una orden de aprehensión contra Duarte para formularle imputación y someterlo a un proceso penal.
En la misma acusación, se encuentra la exdirigente del PRI estatal, la diputada local Karina Velasquez, que funge como presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado y a quien estarían por iniciarle un proceso de desafuero.