Desde hace unos días, el Gobierno de Tabasco ha sido motivo de críticas a nivel nacional luego de que se diera a conocer la llamada "Ley Garrote", la cual busca reformar parte del Código Penal de Tabasco para endurecer las penas por impedir la ejecución de obras públicas, o realizar bloqueos de calles.
La propuesta se discutirá en el pleno del Congreso del Estado este lunes durante el segundo periodo extraordinario de la legislatura.
En el dictamen aprobado, en su sexta página se aprecia que la inclusión de un nuevo delito tipo penal, denominado “Impedimento de ejecución de trabajos u obras”.
El artículo 196 Bis que habla sobre este tema, expone que toda persona que impida o trate de impedir construcciones, será castigada con prisión.
“Toda persona que carece de facultad legal, impida o trate de impedir por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras privadas se le impondrá una pena de prisión de entre seis y 13 años de cárcel".
En el octavo apartado de la "Ley Garrote" también menciona la inclusión de un tipo penal que sancionará a quien impida el derecho humano a la libertad de tránsito.
Una sección de dicho apartado expone que habrá penas de 2 a 10 años de cárcel a quien interrumpa o dificulte la comunicación, destruyendo o dañando algún medio de transporte, así como el impedimento total o parcial del libre tránsito de personas.
Para entrar en polémica en torno a este caso, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, retuiteó un mensaje del productor Epigmenio Ibarra, en el que señaló que había distorsión ante esta iniciativa.
“No se busca criminalizar la protesta sino contener el delito de extorsión en el estado. Los criminales están disfrazándose de sindicalistas y realizando bloqueos”, publicó Ibarra.
