La aprobación de la reforma energética del Gobierno es sólo la antesala de una batalla legal que puede durar más de un año, declaran expertos en la materia.
Dentro de los argumentos para desechar esta reforma donde se priorizan la producción de la eléctrica paraestatal sobre las plantas renovables del sector privado, están la violación al derecho a tener un medio ambiente sano y el derecho a la libre competencia.
La abogada Anaid Velasco explicó que el nuevo modelo autoriza que plantas de la paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) más contaminantes y caras eleven su producción a la red antes que las centrales renovables en manos de privados. “Hay muchos derechos involucrados, como el derecho humano a la salud y a un medioambiente sano”, dice Velasco. “Los amparos fácilmente van a prosperar”.
Algunos de los actores que pueden participar en que se derogue la ley es la Suprema Corte y La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Organismos que podrán operar a partir de los amparos que vayan surgiendo de las empresas que se ven afectadas por la presente reforma.
Como último recurso se tienen los arbitrajes internacionales que las empresas tienen a su disposición, como los mecanismos de resolución de disputas previstos en los tratados comerciales firmados por México.
Con información de El País