En México circulan y son usadas más de 13 millones de armas de fuego sin registro en hechos de violencia y actividades criminales, por lo que se posiciona como el quinto país del mundo con esta problemática, informó el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Celorio.
Durante su participación en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el marco del Día Interamericano para Contrarrestar la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, señaló que entre el 70 y el 90 por ciento de las armas encontradas en escenas del crimen, tienen su origen en Estados Unidos.
“El problema no solo es la cantidad de armas sino las características de estas y que son traficadas ilícitamente, un buen número de estas armas son armas de alto poder y de diseño para uso militar, esto otorga a los grupos criminales un poder de fuego significativo, el cual propicia que las fuerzas del orden se involucren en una espiral de violencia que incrementa la letalidad de los enfrentamientos y costos de los operativos”, explicó.
El funcionario dijo que la violencia armada ha afectado la esperanza de vida de los mexicanos desde el año 2005, además, “se afecta el funcionamiento de las agencias encargadas de proteger a la población, incrementa el costo y la dificultad de cumplir con su misión, al mismo tiempo que desgasta y mina a nuestras instituciones”, declaró.
Recordó que el 4 de agosto del año pasado se presentó una demanda civil contra los fabricantes de armas de fuego en Estados Unidos por su comercio negligente y falta de controles para evitar que sus productos lleguen a la delincuencia organizada.
Luego de la presentación, réplica y contrarréplica de argumentos por ambas partes, este próximo 12 de abril se llevará a cabo la audiencia para la presentación de alegatos orales ante el juez F. Dennis Saylor IV en la Corte Federal de Boston, Massachusetts.
“Esta es una demanda contra las empresas, no es una demanda contra el gobierno de Estados Unidos, las personas estadounidenses, ni su sistema jurídico. Es una demanda civil en la que nosotros manifestamos que existe un daño transfronterizo por estas actividades negligentes que por ejemplo el no tener cuidado en que como se venden y distribuyen”, indicó.