Al referir que en Puebla se mantiene un “añejo problema” financiero, heredado desde el sexenio de Rafael Moreno Valle, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), recomendó al gobierno estatal reestructurar y renegociar la deuda.
Se especificó que la renegociación debe ser con la empresa Peninsular, por más de 8 mil millones de pesos que se tiene del Museo Internacional Barroco (MIB), a través del esquema de Asociación Público-Privada (APP).
Asimismo, hizo mención de la construcción del segundo piso de un pequeño tramo de la autopista Puebla-México, por el que se benefician empresarios por 30 años con el peaje, sin invertir un solo peso en la construcción.
“Que se tiene que hacer, no se rompe el contrato, pero si hay una reestructuración, una negociación o una rebaja, porque es un acuerdo distinto, eso es lo que tiene que hacer el gobierno del estado de Puebla”, recomendó al gobierno estatal.
“Si no se puede o que no acepten, pues entonces debe haber una cláusula para cancelar el contrato, por lo general todos los empresarios han aceptado porque ellos mismo les da pena que los exhibamos”, dijo.
Los contratos
En su conferencia de prensa “mañanera”, indicó que de no aceptar la empresa, AMLO señaló el contrato debe ser cancelado.
Durante conferencia, un reportero señaló que la construcción del MIB recibió 500 millones de pesos a fondo perdido del gobierno federal y que la deuda aún representa 8 mil millones de pesos.
De esta manera, mensualmente el gobierno estatal tiene que desembolsar entre 30 y 35 millones de pesos a pagar hasta el año 2039.
En respuesta, López Obrador pidió que se revisen los contratos, que se hable con las empresas, para hacerles saber que cuando recibieron los contratos había una política distinta.
Indicó que dicha política, buscaba que les fuera bien a las minorías y mal al pueblo, “pero ahora ya cambió”, sostuvo al señalar que los empresarios deben entender que encontraron las arcas abiertas y que les dieron facilidades en su momento.
Reconoció que fueron operaciones legales, pero no morales, ni legítimas, pero ahora, ante el cambio, ya no se pueden tener contratos que calificó como un robo a la vista de todos.
Refirió que en Puebla que hubo dos contratos en particular que han afectado a las finanzas públicas, como el segundo piso de una parte de la autopista a México y el MIB.
Para el segundo piso, se destinaron 10 mil millones de pesos, procedentes a partes iguales del estado y la federación, refirió.
“Los 5 mil millones que le correspondía a la empresa se los ahorraron, pero además recibieron una concesión para cobrar por pasar en el segundo piso de 30 años”, finalizó.