El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) inició una investigación de oficio por la divulgación de datos personales contenidos en distintos documentos del expediente del caso de María Amparo Casar, presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), publicados por la Oficina de la Presidencia de la República.
En un comunicado el INAI indicó que de acuerdo con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), la Presidencia de la República es responsable de proteger los datos personales que posee y trata en el ejercicio de sus atribuciones, y está obligada a cumplir con los principios, deberes y obligaciones, previstos en la normatividad.
El instituto advirtió que los documentos publicados contienen datos de personas relacionadas por vínculos de parentesco, que identifican o hacen identificables a diferentes personas físicas, por lo que presume la existencia de incumplimientos a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Asimismo, señaló que se mantendrá atento a las denuncias que pudieran presentar las personas afectadas por la difusión de sus datos personales, a fin de iniciar los procedimientos correspondientes.
Esto, luego de que Casar fuera denunciada de fraude contra Pemex por hasta 31 millones de pesos, al afirmarse que cada mes cobró una pensión vitalicia de 130 mil pesos de forma presuntamente ilícita, por lo que la empresa ya presentó denuncias penales.
Según Octavio Romero Oropeza, las acciones legales en trámite buscan “recuperar los montos indebidamente pagados, que son estimados en más de 31 millones de pesos, así como fincar responsabilidades a servidores públicos involucrados”.
El director general de Pemex explicó que el 7 de octubre de 2004, Carlos Fernando Márquez, coordinador de asesores de la Dirección de Administración de Pemex y esposo de María Amparo Casar, se suicidó en las instalaciones de la empresa, al arrojarse del piso 12 del edificio A de la Torre de Pemex en la Ciudad de México.
Entonces, Casar, quien era coordinadora de asesores del secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, solicitó el “pago de seguro, la ayuda de gastos funerarios, la pensión post mortem, la pensión para sus hijos y para ella […] antes de que hubiera un dictamen pericial”, y habría intervenido para que la causa del deceso fuera un accidente y así poder cobrar la pensión.