Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha revelado que la iniciativa de "cobranza delegada" promovida por el diputado de Morena, Pedro Haces Barba, buscaba beneficiar a INMEDIPREST, una financiera de créditos de nómina vinculada a su hija y a colaboradores cercanos. Esta propuesta legislativa pretendía permitir a las instituciones financieras retener directamente una parte del salario de los trabajadores para el cobro de créditos, lo que ha sido criticado por especialistas y legisladores de oposición por considerarlo lesivo para los derechos laborales.
INMEDIPREST, cuyo nombre legal es Faprei, ha establecido convenios con diversas entidades gubernamentales, principalmente administraciones estatales y locales afiliadas a Morena, para ofrecer créditos de nómina. Entre sus accionistas se encuentra Jesús Enrique Cuellar Guzmán, ex candidato a diputado plurinominal por el partido Fuerza por México, fundado por Haces. Además, Martha Alejandra Haces Lago, hija del diputado, funge como consejera independiente en el consejo de administración de la financiera desde octubre de 2024.
La polémica en torno a esta reforma escaló hasta la presidencia, donde la mandataria Claudia Sheinbaum anunció que vetaría la iniciativa en caso de ser aprobada, argumentando la protección de los derechos de los trabajadores. Ante las críticas, Pedro Haces negó ser el autor de la reforma y afirmó que el dictamen discutido no correspondía al espíritu de su propuesta original presentada en 2018. Sin embargo, no abordó las conexiones de sus familiares y allegados con INMEDIPREST.
Según información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), INMEDIPREST maneja una cartera vigente de créditos de nómina por 638 millones de pesos, con un índice de morosidad del 4.3%. La financiera ha establecido convenios con gobiernos de estados como Coahuila y Yucatán, así como con diversas secretarías y organismos públicos en Puebla, Durango y Guerrero, entre otros.
Esta situación ha generado un debate sobre posibles conflictos de interés y la ética en la promoción de reformas legislativas que podrían favorecer a empresas vinculadas a familiares y colaboradores de los propios legisladores.
Con información de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
