El Senado de la República aprobó en comisiones la transferencia de las funciones del desaparecido Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG).
Con 20 votos a favor de Morena y sus aliados, y siete en contra de la oposición, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera dieron luz verde al dictamen correspondiente.
El dictamen contempla la expedición de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se prevé que el pleno del Senado discuta y apruebe estas iniciativas la próxima semana.
Como parte de la reestructuración, se creará el órgano administrativo "Transparencia para el Pueblo", dependiente de la SABG, que asumirá las atribuciones previamente conferidas al INAI.
Este nuevo organismo regulará la Plataforma Nacional de Transparencia y velará por los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, en consonancia con los principios de racionalidad y austeridad republicana.
Durante el debate, legisladores de oposición manifestaron su preocupación por la concentración de funciones en el Ejecutivo.
El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, señaló que esta medida "avanza hacia un régimen autoritario", donde el gobierno será "juez y parte" en materia de transparencia. Por su parte, el senador priista Rolando Zapata Bello consideró que no es saludable que el gobierno supervise sus propias acciones sin un organismo autónomo que lo fiscalice.
En contraste, la senadora de Morena, Nora Ruvalcaba, defendió la iniciativa argumentando que fortalecerá la eficiencia y funcionalidad en la gestión de la transparencia y el acceso a la información pública, alineándose con los principios de austeridad y racionalidad del actual gobierno.
La desaparición del INAI y la transferencia de sus funciones a la SABG han generado un intenso debate sobre la independencia y eficacia en la garantía de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en México.
