El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, incumplió con la orden judicial que le permitía mantenerse en libertad y evitaba su captura por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). El plazo para que se presentara ante una jueza de control en el Reclusorio Oriente y conociera formalmente las acusaciones en su contra venció la medianoche del viernes 23 de mayo.
Ante esta omisión, el Ministerio Público Federal solicitó al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal la revocación de la suspensión definitiva que protegía a Aureoles de ser detenido. La jueza Jovita Vargas Alarcón, quien fue denunciada por la FGR por presuntamente beneficiar al exmandatario, había condicionado esa medida cautelar a que el político compareciera personalmente ante la jueza Patricia Sánchez Nava, responsable de la causa penal 118/2025.
Según lo estipulado en la resolución del amparo 441/2025, la suspensión perdería efecto si Aureoles no cumplía con los requisitos en un plazo de cinco días, mismo que ya fue rebasado. Por ello, la FGR también pidió a Vargas Alarcón requerir información oficial sobre si el imputado compareció, y en caso negativo, suspender de inmediato su protección legal.
En paralelo, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, encabezada por María de la Luz Mijangos, obtuvo una orden de aprehensión en contra de Aureoles Conejo y siete de sus excolaboradores. Tres de ellos ya fueron detenidos y vinculados a proceso por su presunta participación en el desvío de más de 3 mil 400 millones de pesos.
Los delitos que se le imputan al exgobernador son peculado, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La FGR está en espera de que el Poder Judicial determine si se revoca formalmente la suspensión y se autoriza su detención.
