Este 14 de enero los legisladores recibirán por escrito el informe del gobernador Mario Marín Torres, tal y como lo marca el párrafo segundo del artículo 53 de la Constitución local.


El presidente de la Gran Comisión rendirá también en la semana final, sin mayores ornatos, un informe de actividades parlamentarias.


Y para el lunes, se instala la nueva legislatura en un interregno de corta duración. Se realizará la Junta Previa de las LVII-LVIII legislaturas.


Ya en la recta final, este lunes los diputados salientes tienen una agenda cargada con reuniones de comisiones.
Parcialmente, la legislatura cumplió con la ambiciosa agenda legislativa planteada al inicio del periodo de tres años, que se propuso innovar en rubros como la participación ciudadana.


Otra reforma significativa que pasará al Pleno en la última sesión del miniperiodo es la expedición del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Puebla, destacando en su contenido la suspensión del embarazo bajo la consideración del delito de violación; siempre y cuando éste no supere doce semanas de gestación a partir de la fecha del hecho.


La reforma revierte el espíritu conservador de las iniciativas aprobadas por la actual legislatura.
La actual legislatura se despide pasando al Pleno la iniciativa de ley indígena, la iniciativa de ley de reinserción social; reformas al Código de Justicia para Adolescentes, con el propósito de permitir entre otras cosas que los derechos se garanticen de mejor manera en los sistemas penitenciarios, con el fin principal del beneficio y reintegración a un grupo social, considerando las realidades y exigencias existentes.


También, el reconocimiento de la comunidad de San Isidro, municipio de Xicotepec a la categoría de pueblo.
Sin duda, el punto más importante en la legislatura que se despide será la aprobación de una línea de endeudamiento para la administración estatal por un máximo de 25 años hasta por 2 mil 500 millones de pesos. Endeudamiento que podrá ser utilizado al iniciar la administración morenovallista y que podrá destinarse exclusivamente a inversiones de carácter productivo.


La justificación del nuevo endeudamiento se encuentra en el siguiente apartado que entregó el ejecutivo al Congreso:
"Cabe señalar que el estado de Puebla ocupa el sexto lugar a nivel nacional en saldo de deuda directa en millones de pesos, de acuerdo a datos de la SHCP, actualizados a septiembre de 2010, con una deuda de 5 mil 720 millones de pesos.


"Se encuentra debajo del Distrito Federal (46,821.3 MDP), el estado de México (37, 356.2 MDP); Nuevo León (32,288.2); Jalisco (20,931.3); Chihuahua (13,261.3).


"La deuda total del estado de Puebla (8,914.8 MDP) ubica a Puebla en el décimo primer lugar por entidad.
"La deuda total de Puebla representa el 2.1 por ciento del PIB del estado. El promedio por entidad es del 2.2 por ciento del saldo de deuda total sobre el PIB por estado. Puebla ocupa el lugar 16 en este indicador por entidad.


"Entre las justificaciones que se dan para el endeudamiento se afirma que durante el periodo 2003-2008, el Producto Interno Bruto de Puebla se encuentra entre los diez productos internos con mayor crecimiento en todo el país. Además, que en términos nominales, el Distrito Federal, el Estado de México, Nuevo León, Campeche, Jalisco, Veracruz, Tabasco, Guanajuato, Tamaulipas y Puebla aportaron 65 por ciento del PIB nacional en 2008.


"Y que hasta 2012, resultado de la crisis financiera, México podrá recuperar su nivel de crecimiento, siendo una de las economías de América Latina más afectadas por dicha crisis.


Asimismo, se señala que la caída en las remesas provenientes del extranjero para Puebla, no ha recuperado el nivel de 2008, que eran de mil 218.2 millones de dólares, al tercer trimestre del 2008, ya que para el primer trimestre del 2010, apenas alcanzaron los mil 35.1 millones de dólares.


En el caso de la ley indígena, destaca que el nuevo ordenamiento legal tiene por objeto reconocer, regular y garantizar a las comunidades integrantes de los pueblos indígenas y a sus habitantes el ejercicio de sus formas de organización comunitaria y de gobierno propio; el respeto y desarrollo de sus culturas, creencias, conocimientos, lenguas, usos, costumbres, medicina tradicional y recursos; además de que las autoridades deberán hacer valer el bienestar social y su incorporación con justicia y dignidad a los beneficios del desarrollo estatal.


A lo largo de once capítulos denominados: "Disposiciones Generales", "De los Derechos de los Pueblos Indígenas y sus Comunidades", "De las Mujeres, Jóvenes y Niños Indígenas", "De la Libre Determinación", "De las Cultura y Educación Indígena", "De la Participación Indígena en la Planeación del Desarrollo Estatal", "De los Recursos Naturales", "De la Defensa y Protección de los Derechos Laborales de los Indígenas", "De la Justicia Indígena", "De la Salud y Asistencia" y "De la Organización Institucional en Materia Indígena", los legisladores desglosaron y dictaminaron los 80 artículos que componen dicha ley.


Entre sus principales aportaciones y beneficios a los pueblos en materia, destacan temas como la obligatoriedad de los Poderes del estado y de los municipios para implementar acciones y políticas públicas en beneficio de la mejor calidad de vida.
También se acentúa la creación de áreas administrativas y partidas presupuestales para atender a dichas comunidades, así como los mecanismos de ejecución y vigilancia.


De igual manera resalta el fomento a la medicina tradicional y vestimenta, aunado a la participación de la mujer indígena en todos los sectores y de manera particular, sobresale la asignación especial de recursos en el Poder Judicial para los intérpretes y peritos que dominen la lengua de la región.