Con el cambio de administración en las oficinas del gobierno del estado obligan a empleados a firmar sus renuncias, trabajar sin contratos, además de que los que tienen la mala fortuna de ser "renunciados" no reciben un solo peso de indemnización.
Esa es la incertidumbre que crece en oficinas gubernamentales luego de los despidos masivos y la aún latente destitución de personal, además de un intenso acoso laboral sobre los empleados a quienes se les despide indiscriminadamente.
Los despidos disfrazados de renuncias se siguen presentando en distintas dependencias, por ejemplo, en el Centro de Convenciones Puebla William O‚Äô Jenkins y en el Sistema de Información y Comunicación del estado de Puebla (Sicom), entre otros.
Ante la llegada de personal de la nueva administración del gobierno de Rafael Moreno Valle, en dichas dependencias continúan los despidos y acoso laboral contra el personal, quienes estudian la posibilidad de levantar denuncias o demandas ante autoridades laborales.
Según cifras no oficiales, se estima que más de mil personas han sido despedidas desde el 1 de febrero a la fecha en distintas dependencias del gobierno estatal, pero la cifra podría multiplicarse en las próximas semanas.
Lo cierto es que esta situación ha generado zozobra en miles de personal de contrato, quienes cada hora de su trabajo rezan por no ser mandados a traer por sus superiores para ser avisados de su "renuncia".
"Nos sentimos como sentenciados a muerte, como si estuviéramos en el pabellón de los que van a ser ejecutados. Así hemos visto pasar a decenas de compañeros, los que poco a poco se han ido ‚Äòrenunciados‚Äô, sin ningún tipo de indemnización", dijo una trabajadora de la Secretaría de Finanzas, quien obviamente pidió anonimato.
Te vas por las buenas
Con la llegada de Antonio Zaraín García a la dirección del Centro de Convenciones, también llegó la incertidumbre y acoso laboral, al grado de haber obligado al personal a firmar su renuncia.
En esta dependencia nadie se salvó, al menos 24 de 88 trabajadores firmaron su renuncia con fecha del 22 de febrero, es decir, desde hace dos días ya no trabajar allí, sin embargo ahí continúan.
El nuevo director llegó con la promesa de revisar el trabajo de cada uno de los empleados, pero para tener su confianza y ver lealtad hacia su persona, tenían que firmar su renuncia.
"Es increíble que Antonio Zaraín pidiera que le demostráramos lealtad y que estábamos dispuestos a trabajar firmando nuestra renuncia, eso en mi pueblo se le llama acoso laboral y se violan muchas leyes", dijo uno de los afectados.
Lo cierto es que los empleados en cualquier momento pueden ser llamados por sus superiores para informarles que harán valer la renuncia al puesto, en la que también se rechaza el derecho a una indemnización o finiquito.
"No nos dan ni un peso como finiquito, vaya, ni las gracias, así es como tienen al personal, trabajando hasta que los amos quieran", continuó el trabajador afectado.
Hasta el momento más de cinco personas han sido dadas de baja, quienes interpondrán una denuncia ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje por acoso laboral y despido injustificado, además de que les obligaron a firmar la renuncia.
Se sabe que entre el personal que ya firmó su renuncia se encuentran trabajadores que llevan más de una década laborando en el Centro de Convenciones, quienes en caso de ser "renunciados" se irían sin un peso de indemnización.
La despedida
Otra dependencia que ha dado mucho de qué hablar es el Sicom, donde han sido despedidos decenas de trabajadores a quienes incluso sin previo aviso se les impidió la entrada a las instalaciones.
Incluso, los despidos siguen luego de que apenas este miércoles "le dieron las gracias" a Misael Mora Roldán, reportero; para continuar con el trabajo de revisión de los demás, lo que mantiene en la zozobra a los empleados.
Así como Misael, ya son más de cien las personas que han sido dadas de baja sin ningún peso como finiquito, quienes inclusive recibieron una humillación como agradecimiento, ya que ni siquiera los dejaban entrar a las instalaciones a recoger sus cosas.
Apenas hace unas semanas rindió protesta, Marcelo García Almaguer como director general del Sistema de Información y Comunicación (Sicom) del estado de Puebla, quien junto con el nuevo director de Radio, Arturo Fernández Jasso, hacen "los movimientos".
Según extrabajadores, señalan que los empleados que se quedaron siguen en la incertidumbre laboral, ya que no han firmado contrato alguno, por lo que en cualquier momento "con la mano en la cintura" pueden ser despedidos.
"No hay certidumbre, el problema es que se trabaja sin contrato, no quieren hacer las cosas derechas y sólo quieren tenerte en sus manos, ¿ese es el cambio que prometió Moreno Valle?", dijeron.
La mayoría de los empleados de Sicom sigue laborando "de buena fe" y con muchas ganas para ganarse las simpatías de los nuevos jefes, ya que los contratos se vencieron el 31 de enero y nadie ha firmado un nuevo plazo de trabajo.
Otras
Hasta diciembre del año pasado, según información de la Secretaría de Finanzas, trabajaban en las distintas oficinas por lo menos 14 mil personas entre eventuales y de honorarios, además de empleados de confianza.
Según datos de funcionarios del área de Recursos Humanos del gobierno estatal y del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del estado, se estima que en los primeros 15 días del gobierno de Moreno Valle Rosas han sido despedidos o renunciados de la nómina gubernamental más de mil 300 personas.
Como en todo cambio de gobierno ‚Äîsobre todo de distinto partido político‚Äî se han registrado ajustes masivos de personal entre los empleados de honorarios y de confianza.
La mayoría fue de empleados de honorarios y de confianza, los que estaban sujetos a contratos eventuales o por tiempo determinado, principalmente en las secretarías de Desarrollo Social, Educación Pública y Finanzas, además del mencionado caso de Sicom y el Instituto para la Asistencia Pública del Estado de Puebla (IAPEP).
En la Secretaría de Finanzas ‚Äîla mayoría en áreas de Fiscalización y Recaudación de Rentas‚Äî, más de cien trabajadores fueron dados de baja; en Desarrollo Social ya no fueron contratados más de 400 trabajadores, y en l IAPEP alrededor de 30 personas.
Sí pero no
Cabe recordar que el secretario de Finanzas, Fernando Manzanilla Prieto, apenas el 15 de febrero declaró que era "natural" que en un cambio de administración se incorporen a nuevos empleados.
"Es normal que llegue un equipo y defina los cuadros de confianza", pero aseguró que el nuevo gobierno respetará las bases sindicales de los burócratas.
Obviamente resaltó que no se hará nada fuera de lo normal en la transición de gobierno y, ante todo, también se respetará a los trabajadores que laboran desde hace décadas.
Mientras tanto, la Secretaría de Administración aclaró a través de la Subdirección de Comunicación que el personal que dejó de laborar en las dependencias del poder Ejecutivo fue por el vencimiento del contrato y no se trató de despidos masivos.
En un comunicado detalla la dependencia que los despidos o no recontratación fueron con base en contrato y desempeño, "es como se toma en cuenta al personal para seguir en sus labores cotidianas, así como perfiles profesionales de cada área del gobierno para el mejor desempeño de sus funciones y entregarle a la población los resultados que se merecen".
Lo anterior fue en respuesta a los señalamientos del diputado federal ?ìscar Aguilar González, quien advirtió que su partido defenderá jurídicamente a los afectados a través del despacho laboral.
Sin embargo, a pesar de este comunicado, en una entrevista para Tribuna Radiofónica la mañana del 16 de febrero, el titular de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Pablo Rodríguez Regordosa, admitió despidos masivos y advirtió que habría más.
Lanzó al aire la advertencia que habría más despidos de quienes hacían trabajo político, o en lugar de "hacer su chamba" sólo llegan a "calentar el lugar".
También en el noticiario de Enrique Montero Ponce sostuvo que todos los servidores públicos profesionales y los trabajadores que dan resultados, tienen garantizado su trabajo en esta administración.
A decir del funcionario, el problema no es con los trabajadores del gobierno del estado sino con los que eran "aviadores"; además sostuvo que en áreas como la Secretaría de Desarrollo Social en el estado había 400 personas contratadas para hacer campaña para el PRI.
La carta de ayuda
Surgen defensores de los derechos laborales de los trabajadores, quienes ofrecen gratuitamente la asesoría, tal como lo señala la carta de los abogados Jaime Mesa, Armando Fuentes y Sergio Mirón Terrón, dirigida a las y los poblanos, a los medios de comunicación y a quienes se crean con derecho:
"Quienes abajo firmamos para constancia, y hemos demostrado congruencia a lo largo de nuestra vida profesional al servicio del derecho y las causas de la justicia, manifestamos que:
"1.Creemos en la ley vigente que otorga derechos e impone obligaciones al ser humano, como el camino para ordenar las relaciones interpersonales en cualquier comunidad.
"2.La única forma de incidir en nuestra comunidad para mejorar, es precisamente hacer de lado posiciones subjetivas para encontrar en la ley, lo que la justicia impone. Ninguna acción del poder público fuera de la ley, y ninguna conducta individual que la malinterprete.
"3.La situación laboral de los trabajadores al servicio de los Poderes del estado debe encontrar precisamente, en primera instancia, en la observancia de la ley y, en su defecto en segunda instancia, en las juntas de Conciliación y Arbitraje, así como en el Tribunal de Arbitraje respectivo: el espacio de solución a cualquier interpretación de injusticia.
"4. La posibilidad real para acceder a la justicia por parte de los trabajadores es muy reducida, por ello: ofrecemos de manera totalmente gratuita nuestra asesoría profesional y así, terminar con un debate infructuoso que se resolverá conforme a derecho.
"5. Más allá de preferencias políticas, sexuales y/o condición racial todos merecemos ser oídos y recibir lo que nos corresponde conforme a derecho, ya sea por cumplir con la ley o por interpretación de la misma.
"Por lo anterior estamos a la orden de quienes así lo deseen y ponemos los números telefónicos siguientes para iniciar estrategias jurídicas: 22 22 17 92 72 y 22 22 01 38 39."