La ola de despidos continúa en el gobierno del estado, luego de que el pasado viernes 1 de julio más de 100 trabajadores fueron despedidos del área de Comercio Exterior de la Secretaría de Finanzas y se espera una cifra similar para el siguiente mes en distintas áreas.

La excusa de la nueva administración fue la de “adelgazar” la nómina burocrática para ahorro, sin embargo ya contrataron a más de dos mil personas en tan solo tres meses, cifra mayor a la de los despedidos.

En respuesta a la solicitud de acceso a la información 00170211 realizada por Intolerancia Diario, desde el inicio de la actual administración estatal al último día de mayo, el gobierno del estado dio de baja a mil 978 trabajadores de diferentes dependencias, cifra que pudo aumentar en estos últimos meses.

En este mismo tiempo contrataron a 2 mil 35 personas, quienes suplieron a los despedidos, a pesar de que el 30 de junio de 2010, en la explanada de la Secretaría de Finanzas, Rafael Moreno Valle prometió en campaña que no habría bajas si le daban el voto.

Personal de la Secretaría de Finanzas, quienes pidieron el anonimato, señalaron que el subsecretario de Administración, Gustavo Fernández Cortés, está encargando de dar de baja a los trabajadores de la pasada administración marinista.

“No puede ser que estemos trabajando en la zozobra de que seremos despedidos, siempre amenazados con que nos corran; es insostenible la situación, ya corrieron a 100 la quincena pasada, se esperan otros en la que sigue y así cada mes, hasta que desaparezcan a todos los que trabajamos en el sexenio anterior.”

Indicaron que no puede ser que el encargado de los despidos, Gustavo Fernández, haya trabajado en el gobierno de Mario Marín Torres y ahora pretenda desaparecer todo rastro de empleados de ese sexenio. Este funcionario, ahora morenovallista, trabajó para el gobierno de Mario Marín como director de Enlace Institucional de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.

“Lo peor es que nosotros ni somos políticos, nunca tomamos bandera por Marín, somos trabajadores que en algunos casos hasta votamos por Moreno Valle porque queríamos el cambio y nos prometió proteger nuestro trabajo; ahora sabemos que fue una mentira.”

Añadieron que la Secretaría de Finanzas y Administración tiene a la mayoría de los trabajadores son contratados por un mes, mientras que a otros que apenas entraron ya les están dando contratos de por lo menos medio año.

La promesa
Según una nota publicada por El Heraldo de Puebla del 30 de junio del 2010, escrita por Fortino Morales Pacheco, quien a la postre sería jefe de prensa de la Secretaría de Salud y ahora también despedido, la promesa de campaña de Rafael Moreno Valle a los empleados del gobierno era que les respetaría su empleo si le daban el voto.

“El candidato de la coalición Compromiso por Puebla, Rafael Moreno Valle, ofreció en la explanada de la Secretaría de Finanzas —donde inició su carrera política— una conferencia de prensa para darles la certidumbre a los trabajadores del Gobierno del Estado, de que no serán removidos de sus puestos.

”Acompañado del candidato de la misma alianza a la alcaldía, Eduardo Rivera Pérez y de los líderes estatales de los partidos coaligados, agregó que el estacionamiento de la SFA es otro ‘elefante blanco’ como el costo de un mal gobierno, al igual que el Centro Expositor y de la Célula.

”Agregó que a los funcionarios de Finanzas y otras dependencias los están obligando a votar por el PRI, porque si no lo hacen serían despedidos ‘y lo más grave es que los van a concentrar el día de la elección y les van a dar las boletas marcadas’.

”Les pidió que, cuidando el ‘anonimato’, denuncien a quienes los están amenazando ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE)”, señala parte de la nota periodística.
En el mes de marzo de 2011 el secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla Prieto, en entrevista con reporteros, reveló que fue propio gobernador Moreno Valle quien ordenó el despido masivo de trabajadores del gobierno del estado, según consta en notas periodísticas.

“La indicación del gobernador Moreno Valle es revisar y en su caso dar las gracias a quienes ingresaron hace 5 años en promedio, porque éste es otro gobierno y otro partido", aseguró.

Además, en la dependencia a su cargo fueron detectadas un total de 230 personas que cobraban en la nómina como empleados de honorarios, pero que en realidad nunca se presentaron a trabajar.
Manzanilla Prieto aclaró además que a los trabajadores sindicalizados no se les ha despedido, ni a quienes tienen más de 15 o hasta 25 años de servicio.

Señaló que cada dependencia donde hubo bajas atenderán las demandas laborales que se presenten, al tiempo de descartar un acuerdo para reintegrarlos, pues en todo caso se quedarán en el gobierno los que tengan tiempo.

Las bajas
La Secretaría de Finanzas y Administración, la de Desarrollo Social y la Contraloría son los lugares donde más personal han sido dados de baja, según los documentos entregados a este medio.

En los mismos, se detalla que en dichos casos los trabajadores han solicitado su renuncia voluntaria o concluyó el periodo de su contrato.

A la pregunta “¿Cuántas personas se han despedido o se han dado de baja en el actual gobierno, especificar en cada dependencia desde el mes de febrero a la fecha y cuántas personas han contratado el gobierno en este 2011?” El área de Acceso a la Información Pública desglosó el total de personas que han salido de las diferentes áreas de gobierno.

Por ejemplo, del Ejecutivo del estado han salido 27 personas, de la Secretaría de Gobernación 182, de la de Finanzas y Administración 281, de Comunicaciones y Transportes 114 y de la Secretaría de Cultura otras 9 personas.

En la Secretaría de Desarrollo Económico, 35 bajas, de Desarrollo Rural 135 despedidos, de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública 204, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 164, de Educación Pública, 94 y de Turismo otras 28.

En la Procuraduría del Ciudadano 31 personas han dejado de laborar, en la Procuraduría General de Justicia otras 189, en Desarrollo Social 214, en la Consejería Jurídica del Ejecutivo estatal 12 más y en Seguridad Pública otros 132 empleados, en Medio Ambiente y Recursos Naturales 61 más del Trabajo y Competitividad 66, lo que da un total de mil 978 en todo el gobierno.

Y agrega, “se hace de su conocimiento que el número de servidores públicos contratados a partir del mes de febrero del año en curso a la fecha es de 2 mil 35 personas”.

El documento aclara que en la Junta de Conciliación y Arbitraje están especificados los motivos por los que cada uno de los trabajadores decidió dejar sus cargos y el pago correspondientes que por ley hicieron en sus oficinas.

“Aunado a lo anterior, se le comunica que por finiquito se entiende el documento mediante el cual el trabajador y el patrón convienen mutuamente en terminar la relación de trabajo y en dicho documento se contiene la relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él”, señala el escrito.

Para esto agrega que “el término de finiquito no se encuentra definido en la legislación mexicana, sin embargo se interpreta le lectura de los artículos 53, fracción 1 y 33, párrafo segundo de la Ley Federal del Trabajo, así como diversas tesis de jurisprudencia emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

En el caso particular de la Secretaría de Finanzas, se indica que durante 2011 con la salida de los trabajadores no se ha llevado a cabo ningún convenio por concepto de finiquito, ya que los trabajadores al pedir su baja renuncian a los contratos que tenían en sus oficinas.

Finalmente, en la solicitud de Acceso a la Información se enlistan las dependencias con los nombres que tenían en la administración anterior, ya que apenas se realizan los cambios necesarios y para evitar problemas a los trabajadores se les sigue pagando con los nombres que tenían anteriormente dichas oficinas y no como han sido nombradas en el actual gobierno.

Cabe recordar que en los primeros 15 días de la administración de Rafael Moreno Valle no fueron recontratados y también presentaron su renuncia mil 114 trabajadores de 21 dependencias estatales, por lo que la cifra creció en las siguientes semanas.

En ese tiempo, según la información, el número de personas que se incorporaron a trabajar en el gobierno del estado de Puebla ascendía a la cantidad de 400, de los cuales 59 corresponden al régimen de honorarios y 341 al régimen de confianza, al menos en la primera quincena de la administración.

Por ejemplo, en el DIF estatal fueron dados de baja todo el personal operativo de las Estancias de Día, en la que se da asistencia general a personas de la tercera edad, las cuales han tenido éxito en más de 100 municipios del estado.

En estos lugares fueron dadas de baja las 10 coordinadoras que pagaba el DIF estatal, además de todo el personal administrativo desde el coordinador general, Manuel Picazo Gómez. “A las nuevas autoridades no les importó o ni siquiera echaron un vistazo a los resultados del equipo en apoyo a personas de la tercera edad y jalaron parejo en los despidos”, acusó en entrevista para Intolerancia Manuel Picazo.

Sentenció que lo único que les importa a los nuevos dirigentes del DIF estatal es sacar a todo lo que apeste a la anterior administración, sin valorar el trabajo de cada una de las personas que dan de baja.
“Ahora los ancianitos están sufriendo porque ya se habían familiarizado con esas personas y más que nada por el trato humano que les daban.”

El apoyo
Ante el panorama un grupo de abogados extrabajadores de la Procuraduría del Ciudadano en la administración de Mario Marín Torres emitieron comunicados ofreciendo asesoría legal.

Los litigantes Jaime Mesa, Armando Fuentes, y Sergio Mirón Terrón, afirmaron que han recibido infinidad de llamadas así como entrevistas personales con trabajadores de diversos niveles de gobierno, recientemente separados de sus fuentes de ingresos.

“Hemos aclarado de manera transparente que no a todos corresponde una reinstalación, no a todos corresponde una indemnización, pero a todos corresponde salvaguardar sus prestaciones y derechos ya ganados.

”La situación laboral de los trabajadores al servicio de los Poderes del Estado debe encontrar precisamente, en primera instancia, en la observancia de la ley y, en su defecto en segunda instancia, en las Juntas de Conciliación y Arbitraje así como en el Tribunal de Arbitraje respectivo: el espacio de solución a cualquier interpretación de injusticia.

”La posibilidad real para acceder a la justicia por parte de los trabajadores es reducida, por eso ofrecemos de manera totalmente gratuita nuestra asesoría profesional, y así terminar con un debate infructuoso que se resolverá conforme a derecho.

”Más allá de preferencias políticas, sexuales y/o condición racial todos merecemos ser oídos y recibir lo que nos corresponde conforme a derecho, ya sea por cumplir con la ley o por interpretación de la misma. No se pueden invocar ‘costumbres’ por encima de la ley.”