Tras 30 días de que la Secretaría de Seguridad Pública tomara en resguardo las instalaciones del Órgano Superior de Fiscalización (OFS) a petición del presidente de la Gran Comisión, Guillermo Aréchiga Santamaría, éste mismo solicitó que fueran entregadas para que pueda comenzar a trabajar el nuevo auditor, David Villanueva Lomelí.

El pasado 15 de octubre, luego de la presunta sustracción de documentos que fueron llevados a bodegas “clandestinas”, se pidió que la fuerza pública resguardara los edificios donde opera el órgano, ubicados sobre la calle 5 Sur, entre 11 y 13 Poniente.

El 16 de octubre la Gran Comisión acordó hacer propia la denuncia que presentó el diputado Jesús Salvador Zaldívar Benavides (PAN), por la presunta sustracción de documentos en contra de las personas que sustrajeron archivos del OFS, sin cerrar la posibilidad de que ésta pudiera ampliarse.

Zaldívar Benavides recordó que el viernes 14 de octubre recibió una llamada de una persona que se identificó como trabajador del Órgano de Fiscalización, quien le informó que de una bodega ubicada en la 15 Poniente estaban sustrayendo documentación oficial. Explicó que al llegar encontró un camión Torton con placas de Tamaulipas, mismo que llevó la documentación a otra bodega ubicada en San Lorenzo Almecatla.

El legislador comentó que solicitó la ayuda de la fuerza pública para resguardar las bodegas, pero además presentó la denuncia con el número de averiguación previa AP 897/2011/DMZS contra quien resultara responsable por el presunto delito de robo de documentos.
Ayer, a través de un comunicado se informó que la Gran Comisión de la LVIII Legislatura acordó solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado entregue este lunes 14 de noviembre, a las 8:00 horas, el resguardo de las instalaciones del OFS ubicadas en la 5 Sur 1105, 1107 y 1108 al doctor David Villanueva Lomelí, auditor general del OFS.

Aréchiga Santamaría informó del acuerdo tomado por unanimidad por los coordinadores de las fracciones legislativas este fin de semana, en razón del nombramiento y toma de protesta del auditor general en la sesión plenaria del pasado viernes, a fin de que a partir del lunes 14 puedan reanudarse con normalidad las actividades del Órgano de Fiscalización.

El nuevo acuerdo de la Gran Comisión deja sin efecto la disposición emitida el 16 de octubre del presente, cuando se solicitó la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública para que tomara el resguardo de las instalaciones del organismo, a fin de garantizar la seguridad de la documentación y de los inmuebles.

Serio rezago
El diputado del Partido Verde, Jesús Morales Manzo, señaló que espera que con el cambio se termine el rezago, pero sobre todo las deficiencias en el trabajo del órgano, pues se complicó la labor de los legisladores para la revisión de las cuentas públicas.

Comentó que como responsable de la Comisión Especial de Entrega-Recepción de los Ayuntamientos, hará señalamientos de las irregularidades detectadas, pues por parte del auditor Víctor Manuel Hernández Quintana nunca hubo capacidad para informar, sólo avisó cuántos ayuntamientos hicieron la entrega-recepción el 14 de febrero, datos que ya se conocían.

Morales Manzo se quejó de que les fue negada información por parte del personal de Hernández Quintana, al expresar que el rezago que se enfrenta es de años, no de un mes, lo que afecta la fiscalización de los municipios, “además hay presidentes que desde hace nueve años enfrentan procesos y no se han determinado responsabilidades”.

El detalle
La Gran Comisión del Congreso instruyó al diputado Jesús Salvador Zaldívar Benavides para que ayude al auditor general a tomar las medidas necesarias para abrir las instalaciones.