El secretario del capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Roberto Alonso Muñoz, criticó los acuerdos de reserva de información que existen en la Secretaría de Finanzas.

En entrevista para Intolerancia, indicó que hay datos que debieran ser de información pública como el gasto en aeronaves y el gasto que se está erogando el estado en ese tipo de viajes.

“Resulta importantísimo que haya recursos de revisión en estas respuestas y que sea el órgano especializado —la CAIP— quien resuelva en que momentos si se está comprobando que es información reservada o pública y ponerse a disposición del ciudadano.”

Intolerancia Diario reveló que la Secretaría de Finanzas (SF) mantiene 57 acuerdos de reserva o como “información reservada”, datos que van desde los gastos de viajes del gobernador, de representación, hasta obra pública, pago a proveedores y asesores, entre otras.

Por ejemplo, entre la información que ha reservado el gobierno poblano destaca la relacionada con las aeronaves en las que se efectúan los traslados no solo del gobernador, sino también de de los funcionarios públicos en el desempeño de las atribuciones.

Asimismo, la unidad de Apoyo Financiero para la Prevención y Atención de Desastres Naturales tiene prohibido entregar datos de los seguros contra tragedias o desastres naturales.

La Dirección de Asuntos Jurídicos no puede entregar las asesorías jurídicas al secretario y a las unidades administrativas de la SF, ni de Juicios Contenciosos Administrativos Resueltos Dirección de Asuntos Jurídicos.

“Hay asuntos que naturalmente parecieran información pública como es el caso de cierto interés, sobre el gasto en aeronaves, (…) cierta información como son trayectorias, itinerarios y horarios de las aeronaves del gobierno del estado, pues es información exclusivamente de quienes participan, pero no así el gasto que está erogando el estado en ese tipo de viajes.

”Me preocupa el tema de los desastres naturales, no sé en realidad qué pueda estar detrás, informes o datos relacionados con estos asuntos naturalmente deben ser públicos para la propia protección de ciertas zonas geográficas y poblaciones que puedan ser perjudicadas por estas situaciones imprevistas.”

Añadió que debe mantenerse en secreto todos los procedimientos que aún no tengan resolución, como juicios sin sentencia, “deben ser públicos hasta que hayan causado estado o hayan sido resueltos con sentencia, así lo consideran todas las leyes de transparencia.

”Lo mismo puede suceder con el caso de las asesorías, si son asesorías para procesos ante liberación tienen que mantenerse cono información reservada, pero no así las que hayan sido aprovechadas parta el momento en que se tomo la decisión, la que haya sido aplicada o implementada.”

Subrayó que el gobierno del estado tiene la oportunidad con la próxima ley de transparencia de elaborar versiones públicas, sobre todo tipo de documentos en los que pueda haber información reservada.

“Un documento puede tener información reservada pero también información pública, por lo que podría presentarse —no digo que así suceda— aunque tenga información reservada nos da cuenta más bien de resistencia y de dejadez o falta de interés y compromiso de transparencia de un gobierno, como la de Puebla.

”Las versiones públicas deben ser una obligación para las dependencias, tener que elaborar una versión distinta a la reservada de cierta información.”

Explicó que se traduciría en la entrega de documentos físicos con tachaduras, por ejemplo las que contengan datos confidenciales que estén bloqueados, “como se ha visto en prácticas internacionales. Así se han revelado documentos sobre asuntos militares de asuntos en Estados Unidos, eliminándose hasta con plumón negro datos reservados.

”Esta es la salida que debemos visualizar como posibilidad a tener acceso a la información de interés general.”

Mencionó que las doce causales que establece la ley de transparencia son las que se repiten en distintas legislaciones nacionales y hasta en la federal.

“No podemos decir que las autoridades se excedan de sus facultades al reservar información, ya que así lo marca la ley. Sin embargo, quien tiene que hacer el examen de publicidad de información, que nosotros decimos deben ser públicas y ellos reservada, es la Comisión de Acceso a la Información Pública.