A pesar de que Puebla es uno de los cuatro estados más pobres del país, el Congreso aprobó desaparecer el único instituto estatal que podía emitir evaluaciones sobre el impacto de las políticas públicas locales de combate a la pobreza y a la marginación.

Con 36 votos a favor, el Congreso suprimió al Instituto de Evaluación y Medición de la Marginación y Pobreza del Estado de Puebla, debido a la “falta de resultados concretos y específicos en sus funciones”, organismo público descentralizado que empezó a funcionar en el 2008, luego de la aprobación de la ley de desarrollo social en la pasada administración.

La función del instituto era evaluar las políticas públicas de medición de la pobreza en Puebla y sugerir mecanismos de corrección a los programas, así como estrategias al respecto.

Al contrario de la decisión de los legisladores, para Miguel Reyes Hernández, investigador y coordinador de la Red de Pobreza de las Universidades Jesuitas de América Latina, a pesar de que el instituto no cumplió sus funciones porque se volvió un escaparate político, esto no implicaba desaparecerlo, sino hacer que cumpliera la función para lo cual fue creado.

“En lugar de ciudadanizarlo, lo desaparecieron. Es como si cerraran los ojos y dijeran el problema no existe y con esto no va existir la pobreza”, lamentó el especialista.

“Se trata de una regresión.”

El diputado y presidente de la Comisión de Hacienda, Lauro Sánchez, en entrevista con Intolerancia Diario consideró que el instituto era obsoleto y que su función será sustituida por la Coneval y el INEGI, ya  que no proporcionaba información detallada.

Integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal acordaron que los trabajadores que laboran en los organismos públicos antes mencionados serán reasignados a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del gobierno del estado.

El diputado del PRI y presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, Lauro Sánchez, justificó la desaparición del Instituto de Medición de la Pobreza, organismo creado durante la administración de Mario Marín Torres y que aún para la entonces oposición panista fue considerado un logro en la incipiente política de desarrollo social.

Sánchez señaló que era ya un organismo “obsoleto” y carecía de viabilidad financiera y operativa. El diputado adujo que el organismo de medición de la pobreza no era operativo porque hay instituciones nacionales e internacionales que ya realizan esta labor. Tal es el caso del INEGI y del Consejo Nacional de Evaluación de la Pobreza y la Marginación (Coneval).

Al ser cuestionado por qué durante el sexenio de Mario Marín Torres, del cual Lauro Sánchez fue funcionario, se crearon organismos “obsoletos”, el diputado matizó su percepción señalando que hubo “buenas intenciones” pero que estas se quedaron cortas ante la falta de presupuesto y la magnitud de las necesidades.

Sánchez consideró que fue un proyecto muy ambicioso.

El 14 de diciembre de 2006 los diputados locales votaron a favor de la nueva ley de Desarrollo Social de Puebla, cuyo propósito era garantizar la evaluación de los programas sociales, iniciativa impulsada por el entonces diputado panista Jorge Gutiérrez.

No obstante, el decreto de creación del instituto se publicó en el Periódico Oficial del Estado el día 14 de mayo de 2007 y el instituto se formó el 24 de enero de 2008. Es decir, en la pasada administración hubo lentitud para poner en funcionamiento el instituto. Además, al organismo no se le dotó de autonomía para realizar sus funciones.

Sin embargo, la importancia del funcionamiento del Instituto de Medición y Evaluación de la pobreza no era menor, ya que la ley de desarrollo social en su artículo 34 señalaba que “los lineamientos y criterios para medir la disminución de la pobreza y marginación y el desarrollo social será un instrumento público que permita planear, diseñar y evaluar el impacto de la aplicación de la política de desarrollo social en el estado de Puebla y será de aplicación obligatoria para las dependencias y entidades públicas que participen en la ejecución de los programas de desarrollo social”.

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El investigador de la UIA, Miguel Reyes Hernández, especialista pobreza, afirmó que si bien el instituto no cumplía su función de realizar evaluaciones sobre cómo los programas sociales locales impactan a los ciudadanos en su nivel de vida, eso no significa que el instituto debiera desaparecer sino cumplir su función y fortalecerlo.
“Los ciudadanos deben conocer cómo los programas sociales de Puebla impactan en su bienestar. Y esto no es función de la Coneval, mucho menos del INEGI, ya que estas instituciones no evalúan las políticas sociales de Puebla.”

Tajante, Reyes Hernández, al ser entrevistado sobre la visión de los legisladores, sentenció “el diputado Lauro Sánchez no sabe nada de economía; ya hubiera querido verlo hace dos años señalando que el instituto era obsoleto”.

No entiendo cual haya sido el fundamento de la decisión de desaparecerlo, ya que si bien el instituto no funcionaba como debería y sólo funcionaba como espacio político —como pasa en cualquier secretaría—, lo grave es que no haya un seguimiento de las políticas sociales. Pero a mí me parece más grave que no haya un plan de desarrollo social para disminuir la desigualdad; no hay tampoco indicadores, ni metas sino que dejas al arbitrio de la secretaría su realización, y ellos son juez y parte. “Se trata de una regresión porque lo que pudo conseguirse se lograba modificando sus facultades y se ampliaba la participación ciudadana. Ahora hay que esperar si hace un convenio de colaboración con el Coneval pero el Coneval no va a evaluar los programas sociales de Puebla.”