El gobierno del estado ayer tomó posesión de cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales que operaba la empresa de origen francés Degrémont, por incumplimiento en la concesión que había con ella para sanear las aguas del Río Atoyac.
La empresa se encontraba “bajo la lupa” del gobierno del estado, concretamente del Sistema Operador de Aguja Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) y de la Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (SSAOT), quienes realizaron un análisis de la situación que guardaba la concesión y el contrato que se entregó desde la administración de Manuel Bartlett Díaz y que tenía una vigencia de 1993 al 2019.
Sin embargo, tras la revisión, ayer instancias estatales determinaron recuperar las cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales que operaba esta empresa, después de demostrarse que operaban con diversas anomalías y por ello se determinó cancelar la concesión
Las plantas de tratamiento que operaban Degrémont fueron planeadas para cubrir tres etapas del proceso de tratamiento de agua del río Atoyac, pero nunca se cumplieron por la empresa de origen francés pues sólo cumplió con una de las tres planteadas, supuestamente por falta de recursos.
Por lo anterior se procedió a dirimir esta situación ante instancias federales mediante un juzgado, mismo que falló a favor del gobierno del estado y lo facultó para recuperar dichas instalaciones de manera inmediata a través de una orden judicial.
Ayer, elementos de la Policía estatal tomaron control de las cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales ubicadas en la capital poblana, con la finalidad de dar certeza a la orden del juez encargado del caso.
Los policías se hicieron acompañar por personal del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), quienes acudieron a las instalaciones de estos sistemas de saneamiento con el fin de que quedaran en su poder.
Las cuatro plantas funcionaban a 75 por ciento de su capacidad, incumpliendo con mínimos requeridos de volumen y calidad de agua que requerían instancias estatales para mantener la concesión.
De acuerdo con el comunicado emitido por el SOAPAP, se informó que tras la resolución del juez se notificó a Tratamiento de Agua de Puebla, SA de CV (TAPSA) la terminación de la relación contractual por virtud de la cual esta empresa operaba cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales ubicadas en los municipios de Puebla, Cuautlancingo y San Andrés Cholula.
Aquí el resto del comunicado que especifica la acción: “El 25 de enero de 1999, el SOAPAP y TAPSA celebraron un contrato por virtud del cual esta última se obligó a construir, financiar, poner en marcha y operar cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales por un término de 20 años para dar servicio a los municipios de la zona conurbada de la Ciudad de Puebla. Posteriormente dicho contrato fue modificado para ampliar el plazo de operación de las plantas hasta el año 2021.
”Asimismo en 2004 el SOAPAP compró a TAPSA las cuatro plantas por un monto total de 764, 750,000.00 (setecientos sesenta y cuatro millones setecientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), quedando la operación de las mismas a cargo de TAPSA, mediante otro instrumento jurídico de fecha 10 de diciembre de 2004.”
El comunicado señala que desde el inicio de operaciones hasta la fecha, la calidad del agua tratada no cumple con los estándares previstos en la NOM-001-Semarnat-1996, lo cual tiene serias repercusiones al medio ambiente y a la salud de los poblanos, motivo por el cual, además, la Comisión Nacional del Agua determinó un crédito fiscal al SOAPAP por 673 millones 872 mil 767 pesos, por los ejercicios fiscales del año 2002 a 2007.
“Por esto y con fundamento en el artículo 124 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, así como de la cláusula vigésima tercera del Contrato, el SOAPAP decidió dar por terminada la relación con TAPSA”.
El SOAPAP solicitó al Poder Judicial del estado una medida cautelar para que este organismo reasuma la prestación del servicio público de tratamiento de aguas residuales que legalmente le corresponde.
