Campesinos de La Resurrección exigen al gobierno del estado que oficialice la extinción del proyecto del Libramiento Norte, para que puedan recuperar las tierras que, aseguraron, vendieron presionados.

Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, señalaron que no hubo acercamiento de las autoridades para aclararles la situación tras la suspensión del proyecto, por el que pagarán de indemnización más de 650 millones de pesos a la empresa española Obrascon Huarte Lain (OHL). El Libramiento Norte fue concesionado directamente a la referida empresa, sin licitación de por medio, en la administración de Mario Marín Torres, ya que fueron incapaces de adquirir el derecho de vía necesario en cuatro años.

“Queremos que oficialmente el gobernador del estado nos dé una respuesta oficial y se derogue el decreto de utilidad pública que emitió Mario Marín en diciembre de 2010, todo por escrito”, señaló Claudia Rojas Hernández, integrante de la asociación.

Indicó que fue gracias a la presión del organismo civil que se detuvo el proyecto, ya que menos de un 50 por ciento vendió sus terrenos, los cuales exigieron regresen a sus verdaderos dueños. Aseguraron que los predios fueron comprados mediante presión física y psicológica a precios muy bajos que iban de los 5 a los 30 pesos el metro cuadrado.

Por su parte Antonio Cid Castillo, integrante del mismo organismo civil, indicó que las ventas de los campesinos fueron ilegales por la intimidación tanto de parte del estado como de OHL y las empresas Alter y Quila que intervinieron en las compras. “Hay compañeros de 

La Resurrección que les pagaron 5 pesos y hasta 30 pesos, va a haber mucha denuncia; en la región de La Resurrección hay unos 40 campesinos que cayeron en la trampa, no es nada lo que les dieron, puro papeleo, no supieron ni que firmaron.”

Cabe recordar que el secretario de Infraestructura, Antonio Gali, señaló que el libramiento se sustituirá con el segundo piso de la autopista Puebla-México, anunciado por el candidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, reveló que la cancelación se debió principalmente a las inconsistencias en el proceso de adjudicación e incumplimiento de tiempos por parte de la particular. Señaló que al inicio del gobierno de Rafael Moreno Valle detectaron las inconsistencias, pero le permitieron continuar trabajando a OHL para adquirir el derecho de vía que se requería para la obra, que nunca obtuvo, por lo que el gobierno optó por cancelar el proyecto por incumplimiento de tiempos.