Los empleados detenidos del gobierno del estado por el robo de una motocicleta para niño, no fueron examinados por las pruebas de control de confianza, revelaron tanto el gobernador Rafael Moreno Valle, como el secretario de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto.
Incluso, Manzanilla Prieto, reconoció que se aceleraron las indagatorias del robo de la motocicleta, una vez que salieron a la luz pública mediante un medio de comunicación, aunque la denuncia fue presentada desde el 6 de julio.
En sendas entrevistas, ambos personajes coincidieron en señalar que al no ser parte del personal operativo los detenidos, no se les aplicaron las pruebas de control y confianza que se les hacen a todos los empleados en seguridad.
La madrugada de este lunes fueron detenidos el escolta Rafael Borbolla Sosa e Isaac Tonatiuh López Montalvo, secretario particular de Mauricio Tornero Salinas, quien fungía hasta ayer como director del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública de Puebla (CESP).
Ambos fueron presentados, luego de que el periódico digital E- Consulta revelara un video donde se ve a la primera persona robando una motocicleta para niños en el fraccionamiento La Vista Country Club, a bordo de una camioneta del gobierno estatal adscrita al secretario particular.
Ambos fueron presentados por la Policía Ministerial ante el agente especializado en robo de vehículos y posteriormente el director Mauricio Tornero, presentó su renuncia que fue aceptada.
Cabe destacar que el CESP es la dependencia encargada de aplicar localmente los exámenes de control de confianza, llevar los registros de personal de las policías estatales y municipales, y de operar el número 089 de denuncia anónima.
También es la responsable de la Academia Nacional de Formación y Desarrollo Policial “General Ignacio Zaragoza” y de operar en Puebla el sistema de inteligencia policial denominado Plataforma México, una red de redes de telecomunicaciones, sistemas informáticos y bases de datos encaminado a que las instancias policiales y de procuración de justicia de todo el país realicen actividades de prevención y combate al delito.
